El Gobierno iniciará, en los próximos días, negociaciones con distintos organismos multilaterales de los cuales el país es miembro, para cancelar una deuda de 660 millones de pesos que no pudo ser asumida desde la crisis de 2001. Las tratativas, que no incluirán a los organismos de crédito (FMI, Banco Mundial y BID), apuntarán a “obtener quitas sobre el monto total” de la deuda contraída o bien “convenir un plan de facilidades de pago a mediano plazo”, según informó la Cancillería. Entre los organismos acreedores figuran la ONU, la OEA, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Latinoamericana de Integración.