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El hecho político más importante de la semana fue la sentencia dictada por la Corte Suprema en el expediente Badaro. El lector informado lo conoce: el demandante exigía se adecuara su jubilación a la regla de movilidad fijada en el artículo 14 bis de la Constitución. En un primer pronunciamiento, el tribunal emplazó al Ejecutivo y al Congreso a dictar reglas generales que cumplieran con el mandato constitucional, sin imponerle plazo ni precisiones numéricas. El Ejecutivo interpretó la decisión al uso nostro. El tiempo pasó, Badaro volvió al tribunal que ordenó a los otros poderes que fijaran un parámetro de actualización general.

Los jueces supremos tienen un objetivo general de gestión, que no se explicita textualmente en sus decisiones pero que las orienta siempre. Es reparar las privaciones e injusticias consumadas en décadas anteriores, convalidadas por tribunales precedentes, en especial la Corte presidida por Julio Nazareno. El designio fulmina al pasado y propone al actual tribunal como regenerador. Un autorretrato no muy distinto que el del kirchnerismo, que lo verbaliza en forma más explícita y tonante.

La jurisprudencia de la Corte innova en el alcance de sus decisiones, pues las propaga a infinidad de casos, más allá de Badaro. El impacto político y económico de la sentencia es, pues, enorme. Modifica la agenda de 2008, influirá en el respectivo presupuesto, le impone al Ejecutivo una carga que no podrá postergar.

Es un aporte al sistema democrático, una prueba de que cuando las instituciones funcionan ningún poder es omnímodo, ni siquiera una presidencia bien fuerte. Mejor así.

Money, money, money

Mucho dinero hay en juego, tanto que da ganas de imaginar un contrafactual: ¿qué no se hubiera dicho si el Ejecutivo decidía una regla similar? Muchas críticas le hubieran llovido por aumentar el gasto público sin un cálculo de factibilidades o de impacto fiscal (la Corte no lo hizo, es ajeno a sus incumbencias y seguramente a sus posibilidades), por engordar bolsillos que se volcarán al consumo inminente, alimentando la hoguera de la inflación.

El tribunal falló con la ley en la mano y no se subordinó a la prédica de los profesionales de la economía. Sin ponerlo en negro sobre blanco, contravino una interpretación constitucional derechosa, muy extendida entre los constitucionalistas vernáculos: la que diferencia las cláusulas “operativas” de la Constitución de las “programáticas”. Hay derechos y libertades operativos, intocables y exigibles en cualquier caso. Otro, en especial los beneficios sociales y laborales contenidos en el artículo 14 bis son “programáticos”, ersatz de derechos, una suerte de deseos escritos cuya concreción depende de su factibilidad, medida en términos economicistas.

A la sombra de esos principios, sucesivos gobiernos quebraron la legalidad burguesa en aras de una pintoresca lectura del bien común, que confiaban a los albaceas de Adam Smith y Milton Friedman y a dirigentes políticos que resignaron su rol preeminente. Como en un tobogán, se aceleraron los desquicios, cuesta abajo en la rodada. La movilidad devino un “saludo a la bandera”, las actualizaciones un verso..., el gobierno de la Alianza confiscó jubilaciones y depósitos mientras declamaba la decencia como tarjeta de presentación.

Trabajosamente el desquicio se va reordenando. No es sencillo, ni será gratis para el erario. Las privaciones han sido siderales, la reparación será proporcional. En el tema que nos ocupa, llegó por vía judicial.

He ahí lo endemoniada que es la política económica en democracia. No responde jamás a un comando único, ni el del mercado, ni el del gobierno. La reformulan permanente actores vigorosos, celosos de sus derechos, que ejercitan su propio poder o se apalancan en los institucionales. Sindicatos, entes patronales, agrupaciones de productores o consumidores, hasta particulares dotados de capacidad (económica y cultural) para contratar a un abogado. Esa poliarquía subleva a la mayoría de los economistas profesionales; su inquietante presencia debe ser una de las explicaciones al sesgo autoritario de buena parte de la corporación.

Malgré soi (¿malgré soi?) la Corte les ha enmendado la plana a colegas constitucionalistas elitistas y ha actuado como un émbolo neokeynesiano. Contra lo que podría imaginar un observador simplista, esas incursiones (parientas muy cercanas de su mensaje) no causaron el menor agrado entre los habitantes de la Casa Rosada.

Disponer de los tiempos y de la iniciativa es una obsesión de los gobernantes, la política democrática complica la libre disponibilidad del poder. Mejor así.

Por los principios
sociales

Merced a una combinación de lógica y azares, el ciudadano Badaro se transformó en un secretario general de facto de los jubilados, en cuya representación ganó una paritaria de facto. La disputa de la famosa torta no se dirime solo desde arriba: las demandas exitosas interfieren y cómo. Claro que la desigualdad deja su marca también en ese territorio, no todos los reclamos justos llegan a buen puerto: es mucho más viable si sus titulares tienen poder, capacidad de presión o de daño o de veto. De ahí que las luchas reivindicativas no sean equitativas en su resultado; compensar esas disparidades es atributo de los representantes del pueblo, acicateados por un incentivo fenomenal: numéricamente, los débiles son muchos y votan.

No es, para nada, simple coronar reclamos. Muchos litigantes no consiguen una Corte que los ampare. Un ejemplo interesante, en sentido inverso al de Badaro, es de los ciudadanos que pidieron a la Justicia se los incorporara al Plan Jefas y Jefes de Hogar (JJDH). El beneficio fue legislado como universal, abierto a todo aquel que reuniera los requisitos básicos, sin sujeción a cupo. Pero, a poco andar, se cerró la ventanilla. Hubo beneficiarios virtuales frustrados que litigaron pidiendo su inscripción. Sin reconocer su derecho de fondo, los abogados del Estado fueron consintiendo reaperturas individuales. De ese modo, los demandantes obtuvieron su pedido, pero su conquista no se propagó a sus pares, como la de Badaro. Esa frustración acompaña una flagrante deuda del Gobierno, que es la instauración de un ingreso universal a la niñez, una bandera perdurable de la Central de Trabajadores Argentinos, que el martes celebrará su congreso nacional sin que se le haya reconocido su personería.

Balance y prospectiva

La Corte porfía en su praxis reparadora, también expresada en algunos fallos señeros sobre violaciones a derechos humanos. En materia jubilatoria es llamativa su audacia creativa que la llevó a transgredir límites autoimpuestos históricamente por el Poder Judicial. Es improbable que otra Corte hubiera osado tomar una decisión de proyecciones tan amplias como la sentencia Badaro. La jurisprudencia puede criticarse, pero es un hecho que garantiza derechos ciudadanos y amplía la esfera de intervención del poder público.

Con su autoestima muy pendiente de diferenciarse del Ejecutivo, pulsión que eventualmente lo lleva a la sobreactuación, el tribunal ha sido menos fértil en su producción respecto de los poderes privados. No hay sentencias meritorias –y sí algún desliz– en sus resoluciones sobre monopolios, concentración económica o defensa de la competencia. Una carencia que deberá subsanar con el tiempo porque no fueron los poderes del Estado los únicos que devastaron los derechos de los argentinos.

A esta altura de la soirée, el balance del tribunal es más que promisorio, incomparable con pares que lo antecedieron.

Entre tanto, el sistema político es más rico y jerarquizado, aunque Néstor Kirchner (cuya voluntad produjo ese salto de calidad en la Justicia) y “su” Corte se escudriñen de reojo más de una vez.

Desconocido para el gran público, el jubilado Badaro entró en la historia de este año. Fue un protagonista más de la puja distributiva, ese potro chúcaro que es la sal de la vida y signará buena parte de los cuatro años por venir.