El gobierno nacional convocó al Congreso a sesiones extraordinarias durante lo que queda de febrero para la aprobación de un paquete de variados proyectos: la lista va desde la prioridad del acuerdo parlamentario para el nombramiento de embajadores, jueces, funcionarios del Banco Central y la promoción de personal de las Fuerzas Armadas hasta la modificación de la ley sobre violencia deportiva, pasando por la regulación del sistema turístico de tiempo compartido. La convocatoria también incluye la transferencia progresiva de los tribunales penales a la ciudad de Buenos Aires; la creación de dos nuevas empresas ferroviarias en manos del Estado (proyecto que fracasó en Diputados), la modificación del Código Penal para los delitos sobre robos de niños, la prostitución y la pornografía infantil. Además de la Ley del Nombre, que establece la obligatoriedad de que los hijos lleven los apellidos paterno y materno.

En sintonía con el Gobierno, desde el bloque del Frente para la Victoria del Senado aseguraron que “los acuerdos solicitados por el Ejecutivo para nombrar a nuevos funcionarios –una atribución constitucional que recae en la Cámara alta– será la prioridad” para los senadores oficialistas. La Comisión de Acuerdos que preside el chubutense Marcelo Guinle se reunirá la semana próxima para resolver los dictámenes y poder llevar los pliegos al recinto el miércoles 13 de febrero, en la primera sesión del año.

Allí, el Senado deberá prestar su acuerdo para el “nombramiento de funcionarios del Servicio Exterior (embajadores) y del Banco Central”, en cuyo directorio existen algunos cargos vacantes y otros deben renovar sus mandatos, establecidos por seis años. Así como los ascensos del personal superior de las Fuerzas Armadas y para la designación de jueces en los distintos ámbitos del Poder Judicial.

En la Cámara baja deberán acelerar los tiempos para volver a conformar las comisiones y nombrar a sus autoridades, una tarea que había quedado pendiente el año pasado tras la asunción de los nuevos legisladores. Para Agustín Rossi, el jefe de la bancada oficialista en Diputados, “la prioridad” la tendrán las comisiones de Presupuesto y de Transporte, por donde debe pasar el proyecto del Gobierno de “ordenamiento ferroviario”. El proyecto prevé la creación de nuevas empresas bajo control estatal: una para “administrar la infraestructura ferroviaria” y otra que podrá “operar” distintos ramales o poner en actividad algunos en desuso. La iniciativa, impulsada por el ministro Julio De Vido, ya había sido aprobada con modificaciones en el Senado. Pero se truncó en la última sesión de 2007 en la Cámara baja, donde muchos aliados del oficialismo (radicales k, socialistas y hasta kirchneristas) no acompañaron con su voto la propuesta del Gobierno.

El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial –con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los ministros Alberto Fernández y Florencio Randazzo– establece la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 1º y el 29 de febrero, con un temario de 11 puntos. Incluye las modificaciones a las leyes sobre violencia deportiva, al Régimen del Fondo de Recompensas; y las que penan los delitos contra la niñez. Otro proyecto propicia la extracción, remoción y traslado de los “buques y artefactos navales” de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.

A lo que se suma un “régimen de individualización de todo recién nacido y del vínculo madre-hijo para asegurar el derecho a la identidad de las personas desde el nacimiento”. En tanto, la Ley del Nombre también le pone límites a la inscripción de nombre extranjeros y a los que fueran “lesivos a la dignidad de la persona física o equívocos respecto del sexo”.