Luego de que el Gobierno anunciara esta semana que otorgará un aumento de las jubilaciones de 15 por ciento, volvió a tomar fuerza el reclamo de una ley que permita hacer efectivo el pago de deudas por ajuste de jubilaciones con sentencia judicial. Ayer, fue el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien reclamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo que avancen en los cambios que permitan “dar efectos colectivos a algunas sentencias”. En este sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación y, por otra parte, el ombudsman de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires preparan presentaciones para estos días en la Justicia y también en las presidencias de las cámaras de Senadores y Diputados para que todos los jubilados sean alcanzados por el fallo de la Corte que dictaminó, en noviembre del año pasado, la actualización en 88,6 por ciento el salario de un beneficiario.

“No tenemos facultades. Pedimos al Congreso y al Ejecutivo que sancionen una ley, un artículo de una ley que permita a la Corte dar efectos colectivos a algunas sentencias”, aseguró Lorenzetti para referirse a las restricciones que enfrenta a la hora de buscar agilizar el tratamiento de los reclamos de jubilados.

Los vaivenes entre la Corte Suprema y los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto de la problemática previsional no son nuevos. En agosto de 2006, el máximo tribunal dictó un fallo que le reconoció al jubilado Adolfo Badaro un aumento de sus ingresos basado en la evolución de salarios y precios. En ese momento, la Corte también instó al Congreso a que elaborara un índice –inexistente desde la década del ’90– que ajuste directamente los haberes jubilatorios en cada año, en vez de hacerlo por medio de un decreto del Ejecutivo, como sucede en los últimos tiempos. El Congreso sólo agregó en el Presupuesto una partida mayor para el aumento que se otorgó a los jubilados en ese momento, pero sin el exigido índice. En noviembre del año pasado, la Corte dictó el último fallo en el que ordenó actualizar 88,6 por ciento el haber a Badaro, considerando la variación salarial registrada entre diciembre de 2001 y de 2006.

Con este precedente, se multiplicaron las presentaciones judiciales con demandas similares. El problema es que con las normas vigentes se deben tratar caso por caso los reclamos de los jubilados. Al respecto, Lorenzetti consideró que una de las medidas importantes a tomar sería que las sentencias de la Corte tuvieran efecto para todos los jubilados. A su criterio, “cuando todos los juicios son iguales, no es razonable que obliguemos a la gente a hacer miles de juicios iguales”. Para evitar eso, falta la ley que dé el marco jurídico apropiado.

En este marco, las defensorías del Pueblo de la Nación van a realizar, en estos días, una presentación judicial por medio de la cual se exige que se garantice la percepción de las subas de los ingresos jubilatorios a todos los pasivos que no se encuentren actualmente beneficiados por aumentos fijos. “A partir del caso Badaro, se tendría que haber acordado una pauta objetiva para todos, pero, en ausencia de esto, lo que se dio fue un trato desigual entre los jubilados que van haciendo presentaciones judiciales y los que no lo hacen”, aseguró a Página/12 Anselmo Sella, abogado de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, el ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, también confirmó a este diario que entre hoy y mañana saldrá una presentación dirigida a los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores con similares exigencias. Habrá que ver si con estos reclamos se sostiene la actual operatoria de aumentos por decreto o bien si se institucionalizan por medio de una nueva ley.