–A dos meses de la toma del ministerio que realizaron organizaciones de piqueteros, ¿cuál es su posición?

–Tengo una mirada muy clara. Fue a los cinco días de mi asunción y hay un grupo que tomó la decisión de generar un hecho político y lo transformó en un hecho delictivo. Lo que hicieron fue entrar con armas, romper el ministerio y tratar de presentarse a la sociedad. No tiene que ver con el reclamo social, claramente, porque no lo hubo. El reclamo social es legítimo en una provincia que tiene un 40 por ciento de sus casi 10 millones de habitantes en situación de vulnerabilidad.

–¿Por qué decidieron hacerlo?

–Es un grupo puntual, que evaluó que tenía que hacer eso por alguna consideración política.

–Ellos dijeron que el ministerio les adeudaba fondos.

–No está asociado. El ministerio tenía reclamos importantes, pero eso no está asociado, y los reclamos son naturales. Es gente que entró con armas, y no queremos asociar esa situación al reclamo social, porque el reclamo social es absolutamente legítimo y es evidente que es así en la provincia.

–Según la Justicia, uno de los grupos funcionaba como delivery, como prestadores de servicios piqueteros para marchas o cualquier otra cosa a cambio de una prestación económica.

–La verdad, no tengo ningún conocimiento del tema, ni tampoco cómo evoluciona la causa judicial, excepto por lo que leo en los diarios. Creo que los movimientos sociales llegaron a sectores con pobreza extrema en un momento del país en el que no llegó nadie.