Los veinte mil empleados del gobierno porteño, cuyos trabajos penden de un hilo, tendrán un respiro, aunque sea por un mes. Ese es el tiempo por el que el jefe de Gobierno y presidente de Boca, Mauricio Macri, les renovó el contrato. En simultáneo, ordenó que se inicie un censo de personal para garantizar “la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios”. Comenzará el 10 de marzo y sus resultados no estarán hasta julio. En el registro se incluirá a los que se hayan reincorporado de los 2400 despedidos, aunque el macrismo espera que su destino se resuelva en la Cámara de Apelaciones.

Luego de la puja con los sindicatos por los 2400 despidos, Macri acordó con Sutecba que se haría un censo para establecer la situación de los trabajadores de planta permanente y de otros veinte mil contratados. En el decreto 150, por el que Macri dispuso ayer el censo, estableció que se tomará como base el padrón de pago de sueldos de enero de 2008. Esto implica que, de los 2400, solamente se censará a quienes se hayan reincorporado tras los fallos judiciales. En la gestión PRO estimaban que eran “menos del 30 por ciento”.

El Jefe le encargó el censo al ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. Tendrá 90 días para entregar los resultados. Aunque los contratos se renovaron por un mes, en el gobierno porteño estimaban que continuarían hasta tanto termine el censo, que alcanzará a todos: contratados, planta permanente, con locación de servicio y hasta pasantes. Curiosamente, la mayoría de los 150 censistas serán pasantes de la Universidad de Buenos Aires, coordinados por un grupo de empleados estatales.

Entre las preguntas de la ficha del censo figuran las clásicas de estudios cursados y conocimientos de informática, además de si el empleado maneja inglés, francés o portugués y cómo está compuesto su grupo familiar. La ficha tendrá el valor de una declaración jurada y se considerará “falta grave” cualquier intento de obstruir el censo.