Desde Santa Cruz de la Sierra

La ruleta de las urnas vuelve a girar y Evo Morales ha decidido jugarse todo, su futuro político y la presidencia de Bolivia en un solo evento electoral a llevarse a cabo el 4 de mayo. El jueves a la noche, el Congreso aprobó la convocatoria a consulta sobre la Constitución Política del Estado en medio de una toma del Palacio Legislativo por parte de mineros e indígenas aimaras leales a Morales y el presidente promulgó la consulta ayer en medio de una fiesta de movimientos sociales en la plaza Murillo de La Paz. Además, el Parlamento aprovechó para cambiar la ley de referéndum vigente desde 2004, con lo cual impide que los prefectos (gobernadores) puedan convocar a consultas sobre autonomía dentro de sus provincias. Y es que Morales necesitaba dar una muestra de fortaleza social. Con una ola creciente de pedidos de autonomía que incluso ha llegado hasta La Paz, el presidente requería que el proyecto de Constitución comience a legitimarse con el voto popular.

Morales está cansado de todos los trámites que exige la institucionalidad estatal para verificar sus políticas y, ante los frenos que siente que le pone la oposición, trata acelerar los procesos a través del voto. “Dicen que la Constitución fue aprobada de manera ilegal, pero dejemos que la gente decida con su voto si fue legal o no”, dijo el miércoles y ayer, durante la promulgación de las leyes, añadió: “El referéndum es lo más democrático que tenemos, hay que consultar al pueblo, para que decida el futuro del país. Estamos hablando de un referéndum sobre la nueva Constitución que permita refundar Bolivia”.

La oposición, encabezada por el ex presidente Jorge Quiroga, acusó una vez a Morales de “dictador” y exigió al secretario general de la OEA, Miguel Insulza, que se pronuncie sobre lo sucedido en el país. Insulza, desde Washington, expresó ayer “su preocupación” mediante un comunicado de prensa. El presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, fue más allá y pidió al vecindario sudamericano revisar sus relaciones con Bolivia por lo sucedido en el Congreso.

Y lo que sucedió es que, frente a la intransigencia de la oposición, que ha trabado el debate parlamentario, Morales volvió a utilizar sus tácticas de opositor para apurar las leyes que consoliden el cambio que quiere para Bolivia. Es por eso que el viernes pasado Isaac Avalos, líder de los campesinos de Bolivia y diputado suplente del oficialismo, convocó un cerco al Congreso para apurar el proceso. Rápidamente, el gobierno de Evo Morales levantó las manos y explicó que respeta las decisiones de los movimientos sociales, pero que no los controlaba ni se responsabilizaba por lo que pudiera suceder. Algo parecido había dicho horas antes el vicepresidente, Alvaro García Linera, quien además pidió tiempo para seguir negociando y planteó una tregua de dos meses para encontrar una salida pacífica al problema. La propuesta negociadora cayó en saco roto y el cerco campesino se radicalizó con la llegada de tres mil cocaleros de Chapare y de mineros.

Con más de seis mil personas en la plaza Murillo el Congreso quedó controlado por campesinos, mineros y universitarios. Las puertas del Palacio Legislativo fueron controladas por la denominada Policía Comunitaria –grupos de seguridad indígena–. Esto dejó “cautiva” a una veintena de opositores que incluso tuvo dificultad para ingresar a la sesión congresal presidida por García Linera.

Si bien la oposición cuenta con parlamentarios suficientes para frenar las iniciativas, ya que estas decisiones se toman por dos tercios, sus diputados y senadores no ingresaron al recinto. Dos diputadas lo intentaron, Ninoska Lazarte y Marisol Abán, pero fueron expulsadas.

En su discurso de promulgación, Morales comparó estos hechos con la revolución de 1952. “Antes los indígenas eran tratados como animales, pero el pueblo con fusil al hombro se levantó para luchar en contra de la exclusión. Si no hay un pueblo consciente que piensa en la unidad de su patria, yo solo no podré garantizar el proceso de cambio”, añadió.

En las regiones autonomistas las decisiones de Morales han sido recibidas con una calma impensada. Pese a que una de las leyes prohíbe a los prefectos llamar a consultas en sus jurisdicciones, tanto líderes cívicos como autoridades anuncian que los referéndum sobre estatutos autonómicos convocados para el 4 de mayo y 1º de junio en Santa Cruz y Beni, respectivamente, continuarán su curso y esperarán que Tarija, Pando, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz continúen sus procesos.