El gobierno español tomó ayer la decisión de extraditar a la Argentina al represor de la ESMA Ricardo Miguel Cavallo. Así lo notificó la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, luego de que concluyera la reunión del Consejo de Ministros que dio el visto bueno final a la extradición. El pasado 22 de febrero México dio el visto bueno a España para que el juicio a Cavallo se lleve a cabo en la Argentina. “La entrega del detenido quedará suspendida hasta que deje extinguidas las responsabilidades contraídas en territorio español (...) si bien podrá hacerse uso de la entrega temporal a la Argentina”, dice el comunicado oficial del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La ambigüedad abrió la puerta para que el proceso en España llegue hasta el veredicto y luego sea extraditado.

Cavallo está preso en España desde el 29 de junio de 2003, luego de que fuera extraditado de México, donde se lo detuvo el 24 de agosto de 2.000 después de que lo identificaran sus víctimas cuando pasaba tranquilamente sus días trabajando en una dependencia del gobierno, como director del Registro Nacional de Vehículos. La Suprema Corte de Justicia mexicana lo procesó entonces por los delitos de terrorismo y genocidio, lo que permitió que el marino fuera entregado a España en donde le había abierto una causa judicial el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Después de que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedían el juzgamiento de los represores, la Justicia española consideró oportuno permitir que Cavallo fuera juzgado en la Argentina, ya que se podía presumir que iba a gozar de un juicio justo. El auto de procesamiento dictado por Garzón sostiene que el marino estaba siendo procesado en España por haber ordenado “detenciones, secuestros, traslados, desapariciones, torturas físicas y psíquicas con reducción a servidumbre de las personas en la Escuela de Mecánica de la Armada, así como de la muerte de diferentes personas”, además de acusarlo por los delitos de saqueo de viviendas y robo de vehículos.

Aunque la decisión que tomó el gobierno español parece ser la definitiva, no lo cree así la Acusación Popular en la causa. El abogado argentino Carlos Slepoy, que forma parte de ella, afirmó ayer que la decisión del Consejo de Ministros sin embargo ha dejado abierta la puerta para que el represor pueda ser juzgado antes en España (ver aparte). El propio Cavallo pidió en enero de 2.007 ser juzgado en Argentina, lo que dio pie a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que preside el juez Alfonso Guevara, a declararse “incompetente”, cediendo de este modo la jurisdicción a la justicia argentina.

La fiscalía española pide para el camarada de Alfredo Astiz con quien compartió el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, una pena de al menos 13.332 años de cárcel, hasta un máximo de 17.010, si es que finalmente se lo condena por la ejecución de delitos de lesa humanidad. Mientras en Argentina se lo sindica como el responsable de la muerte de Mónica Jáuregui y Elba Delia Aldaya, junto a otras 264 desapariciones y 159 secuestros, en España se lo considera responsable de siete asesinatos, 152 delitos de lesiones y 407 de terrorismo, un delito que se castiga con mucha dureza en el Código Penal local.

María Teresa Fernández de la Vega no precisó ayer la fecha de la futura extradición de Ricardo Miguel Cavallo, y se presume que si finalmente la justicia española decide condenarlo antes de partir, esa decisión tendrá que ser tomada en los próximos días por los tribunales madrileños. En ese sentido, existe un precedente que puede llegar a ser definitivo: el Tribunal Supremo español, equivalente a la Suprema Corte de Justicia, desautorizó en un primer momento la extradición de Cavallo porque consideró que el pedido, tal y como lo había formulado la Argentina, era una aberración jurídica.