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Por Ricardo Aronskind *

Interés general o renta particular

El lockout agrario dejó de ser un problema meramente económico y se transformó en un problema de poder. Una poderosa fracción de propietarios agrarios, acompañada por la derecha política, la mayoría de los medios de comunicación y sectores urbanos variopintos ha tratado de obligar a revocar una decisión del Estado nacional. Los problemas de los productores más débiles, los campesinos y los peones rurales no están reflejados en las demandas de esta violenta acción corporativa.

La palabra negociar tiene connotaciones confusas en Argentina, ya que por nuestra historia reciente se entiende que cuando el Estado negocia debe ceder ante las demandas privadas. En este caso, la “negociación” consistiría en que el Estado nacional aceptara el veto del sector privado sobre una política pública. Esta confusión sobre el lugar del Estado en la sociedad deriva del arrasamiento de las potestades y capacidades estatales, que se aceleró en los últimos treinta años.

El Estado es el único actor social que puede incorporar en su accionar el cuidado por la sustentabilidad política, económica, social y ecológica en el largo plazo que presentan las dinámicas productivas del país. Si el Estado abdica de estas responsabilidades, o las ejecuta débilmente, triunfa la lógica cortoplacista y todos los desequilibrios pueden ocurrir. El débil Estado de los ’80 –incapaz de resistir las presiones sectoriales– terminó en la hiperinflación. El Estado capturado de los ’90 –gobernando a demanda de las corporaciones empresarias– terminó en el default y la catástrofe social. El kirchnerismo tampoco ha tenido entre sus prioridades la reconstrucción del Estado, como instrumento solvente para la ejecución de políticas públicas orientadas al largo plazo.

La decisión de establecer una mínima dirección estratégica en relación a los desequilibrios múltiples que implica el modelo sojero causó un levantamiento de actores que no es sólo contra las retenciones. Es contra la autonomía del Estado y por la continuación de un Estado impotente. Es paradójico que un gobierno que casi no ha tenido políticas transformadoras en relación con la estructura impositiva, el perfil productivo o el cuidado de los recursos naturales se encuentre con semejante reacción ante una medida por la que pretende abandonar la pasividad.

El legado ideológico y político de los ’90 parece ser más sólido de lo que se creía.

- La pretensión de las fracciones propietarias de dictar las políticas del Estado, subordinando el interés general al sectorial, continúa viva y aparecerá cada vez que se pretenda pensar más allá de los intereses privados puntuales.

- La reacción de parte de la población frente al conflicto, decodificándolo al comienzo en términos de “campo vs. Gobierno”, es un reflejo aggiornado de la confusa antinomia “la gente vs. los políticos” de fines de la convertibilidad.

- Los medios de comunicación, en la mejor tradición noventista, ponen las necesidades de manipulación comunicacional de los sectores propietarios sobre cualquier prioridad informativa seria.

Si las demandas privadas hubieran tenido plena satisfacción se crearían dos severos problemas públicos: a) un salto inflacionario mayor aún del que existe actualmente y b) el desfinanciamiento parcial del Estado. Políticamente, el Gobierno empezaría a carcomer su base de sustentación social y a abonar el terreno para quienes quieren desplazarlo prematuramente.

La aparición de un actor poderoso, agresivo y con escasas convicciones democráticas pone a prueba al poder kirchnerista en un doble sentido: como construcción política capaz de afrontar esta disputa, y como gobierno eficaz, capaz de dar respuestas a temas como la inflación, la exclusión, la violencia social. Hasta ahora el Estado ha carecido de planes complejos y abarcativos, más allá de lograr superar el desastre de 2001-2002. Por su parte, el sector privado se limita a reclamar la libertad de enriquecimiento, que no implica desarrollo económico y social. La tarea de transformar la riqueza sectorial presente en un futuro colectivo digno es responsabilidad pública. Se está jugando en estos días si se empieza a avanzar en serio en esa dirección o si volvemos, como en el juego de la oca, a los siniestros ’90.

* Investigador docente UNGS-UBA

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Por Salvador Treber *

Aprender la lección

El duro enfrentamiento entre el Gobierno y las entidades empresarias representativas del agro no se agota en la búsqueda de soluciones circunstanciales. Debe servir como experiencia para toda la sociedad y, en especial, para el Gobierno. En primer lugar debe subrayarse que el método de cortar caminos y vías de comunicación, pero también de abastecimiento a la población “por tiempo indeterminado”, tratando de imponer la anulación de medidas, implica un gravísimo antecedente. Sin perjuicio de ello, los hechos y las conversaciones entabladas en el diálogo inicial por las partes en pugna mostraron intransigencia en los agrarios y preocupante improvisación en los funcionarios, quienes por su muy alto rango debieran conocer los temas en discusión. Ni siquiera atinaron a argumentar que en 2007 la recaudación total por retenciones ascendió a 20.449,7 millones de pesos y que los subsidios pagados –en especial al precio de los combustibles para el transporte, la maquinaria agrícola, los vinculados a energía, además de algunos alimentos como el pan y la leche– ascendieron a 17.550 millones pesos. Tampoco exhibieron datos sobre la presión tributaria del sector y su poco apego al cumplimiento de las obligaciones: a fines de 2007 su personal “en blanco” era de 328.600 y en negro permanecían nada menos que 886.400 (72,9 por ciento). Siendo su carga impositiva del 21,9 por ciento, sin considerar las retenciones, sólo llega al 13,7 por ciento, pese a que para el conjunto de la economía trepa al 21,2 por ciento. La tan desacertada actuación del jefe de Gabinete y del ministro de Economía no constituye un hecho casual. Toda la gestión se caracteriza por enfrentar los problemas sobre la marcha, sin conocerlos en profundidad ni disponer de programas de mediano y largo plazo.

El tema de las tan denostadas “retenciones” no es nuevo. Existen, con porcentajes variables, desde hace aproximadamente cincuenta años. Sólo dejaron de regir en la década del noventa, en los tiempos de la “convertibilidad”. No es un “invento argentino”, sino una modalidad que permite establecer un régimen de tipos de cambio múltiples para promover exportaciones que, de otra manera, sería imposible de realizar. La paridad se fija bien por encima de la que regiría en un mercado libre y también evitan que se encarezcan los costos internos. Actualmente, bajo diversas variantes, se aplican en más de cuarenta países, siendo el caso más significativo el de China.

Lo inexplicable es que el Gobierno nunca aceptó –hasta rechazó airada y sistemáticamente– satisfacer el reclamo de encarar una profunda reforma tributaria para mejorar el espectro distributivo, que es francamente regresivo. Un reciente estudio a nivel internacional reveló que en los quince principales países de la Unión Europea ha sido el principal instrumento por el que se logró elevar sensiblemente la asignación del ingreso que perciben las franjas inferiores de la población. El mismo incluye a Argentina y revela que aquí su influencia es nula. O sea, no modifica nada lo que las leyes del mercado y sus operadores imponen a la sociedad, contribuyendo a que el 30,0 por ciento de la población siga debajo de la “línea de pobreza”.

En el año 2007 las retenciones representaron apenas el 10,2 por ciento de la recaudación tributaria nacional y las entidades agrarias siempre impugnaron su existencia. Ahora parecen haber modificado esa posición y admiten que hasta una alícuota del 35,0 por ciento son admisibles. Pero cuestionan la reciente suba en la soja al 44,1 por ciento y que sean móviles. Introducir esa variante en forma intempestiva ha sido muy imprudente, pues debieron haberla hecho conocer y analizar antes con el sector. Al margen de evaluar el grado de razón que tengan los que bloquean las rutas, una actitud de este tipo implica poner entre “la espada y la pared” al Gobierno, en una actitud de claro alzamiento frente a las autoridades que, a juzgar por ciertas exaltadas declaraciones, llegan a tornarse conspirativas.

Cualquiera sea la solución a que se arribe, el Gobierno debe aprender la lección. No puede ser que los que pueden esgrimir elementos de presión logren ser escuchados (antes sucedió con los petroleros en el sur) y que la inmensa mayoría que no los poseen, queden postergados. Las llamadas “fuerzas del mercado” obedecen siempre a los intereses de los poderosos. El esquema regresivo que sufrimos en Argentina se torna peligroso y puede incubar una reacción incontrolada.

* Profesor de Posgrado de la FCEUNC.