Alejandro Antonini Wilson es un tipo de avería, un aventurero, un Súper Agente doble o triple o múltiple que podría haber surgido de la imaginería de John Le Carré. O aun de la más alocada de Roberto Fontanarrosa. Cuesta creerle algo, máxime si lo alega en defensa propia. Sus sponsors políticos o judiciales también se las traen. La credibilidad del FBI es ínfima, como lo testifican la cinematografía de Hollywood y aun las series televisivas actuales. Una runfla de Miami, un puñado de fiscales caza-votos, acicateados por una excitada ansiedad por descalificar a Hugo Chávez redondean la inverosimilitud de un proceso que apesta a antichavismo explícito, que les pega de carambola a los argentinos.

Son igualmente falaces los argumentos de quienes aducen que la Justicia argentina podría avanzar los trámites penales en su contra tomándole indagatoria en su patria adoptiva, Estados Unidos. No está bien pero es entendible que argumenten así funcionarios de ese país, usualmente desinformados (por soberbia imperial o por ignorancia charra) sobre las leyes de otros estados. No deberían imitarlos, o hacerles eco acrítico, comentaristas o dirigentes políticos locales que tienen el deber de hablar con mejor fundamento. El procedimiento penal no admite trámites en rebeldía, si el sospechado no “está a derecho”, las causas se paralizan. Estados Unidos tutela a sus nacionales, los exime de responsabilidades criminales fuera de sus fronteras. Ser ciudadano del techo del mundo incluye una esfera de impunidad.

Pero ni la contumacia procesal de Antonini Wilson ni la protección del gobierno al que reporta alcanzan para excusar las responsabilidades de los funcionarios argentinos en el valijagate. Y es un exceso de imaginación atribuir todo el sucedido a manes de las agencias estatales norteamericanas. Ese individuo tan poco recomendable (pillado en falta flagrante por funcionarios argentinos competentes y honestos) no llegó en un barco de la Cuarta Flota. Ni se coló como un polizón en el avión que lo trajo junto a Claudio Uberti. Hubo anuencia para que tamaño truchazo integrara la comitiva, en un periplo pagado por el erario argentino y todo lleva a suponer que esa gracia no se confiere a cualquiera.

Tiene, pues razón, el Gobierno cuando desmerece la parla de Antonini. Pero sigue en falta a la hora de dar una explicación consistente acerca de la relación entre Antonini y Uberti.

Y, sabedor de que Antonini jamás pasará por los tribunales locales, también debe el impulso de una investigación que descifre responsabilidades locales.