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La versión del proyecto oficial que las entidades rurales, junto al lobby exportador, agitó hacia fines de la semana pasada para provocar una reacción contraria prenunciaba gravísimas consecuencias como producto de una estatización total del comercio de granos. En realidad, el proyecto en estudio en las filas oficiales no avanzaba hasta ese punto. Es, en todo caso, un intento de encontrar algún mecanismo de regulación sobre un mercado en el cual los actuales instrumentos –Oncca, Senasa, Aduana, AFIP– resultan insuficientes para garantizar transparencia y satisfacción de las necesidades sociales y de la economía en su conjunto.

Según se señalaba en los círculos más cercanos a la dirigencia rural, la estatización iba a ser anunciada en el discurso de Cristina Kirchner este domingo, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. No fue así. La segunda versión indicaba que “la sorpresa” vendría en el Boletín Oficial de ayer, lunes, en el que se impondría por “decretazo” la todopoderosa Junta Nacional de Granos recreada. Tampoco ocurrió.

Pocos creen que haya sido la actitud de las entidades la que frenó el supuesto proyecto estatizante y monopólico. Desde las propias entidades, en cambio, se admite que fue un exceso el planteo de un accionar que iba a provocar “otro conflicto, innecesario y de consecuencias impredecibles”. A esta altura, son más los que piensan que se trató de una solicitada con expresiones poco felices.

El proyecto en el que trabajó un equipo de técnicos conjunto de la AFIP y la Oncca apunta, centralmente, a la creación de un ente o agencia pública con facultades para actuar en el comercio de granos, carnes y productos derivados, con el fin de poder establecer precios testigo y garantizar el abastecimiento interno. También tendría capacidad de intervenir, mediante estímulos de precios, en el aliento a producciones regionales y a determinados grupos de productores.

A juzgar por la falta de experiencia reciente en el tema, difícilmente se pudiera alcanzar en el corto plazo una capacidad de intervención como para lograr todos los objetivos planteados simultáneamente o siquiera eliminar las distorsiones que provocan mercados hoy fuertemente monopolizados. Pero es dable imaginar que la participación directa en la comercialización permitiría un conocimiento más profundo de las prácticas en cada sector y la detección de irregularidades y sanciones correspondientes.

Desde el inicio de la gestión kirchnerista, las distintas políticas agropecuarias han chocado con las limitaciones en el nivel de información a disposición del Estado y la falta de cuadros técnicos para llevarlos a la práctica. No se puede ignorar que el sector agropecuario es el que exhibe el mayor grado de actividad no declarada (en negro) y en el que, por su carácter extensivo, es uno de los de más difícil control. La crisis que provocó la disputa por la renta extraordinaria de 2008 terminó por poner en evidencia tantas falencias en un sector que, hay que admitirlo, es uno de los mayores generadores de riquezas. Fundamentalmente, para sus propietarios.