La Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación porteño pidió en junio de 2009 el listado de los alumnos con discapacidades para ver en qué escuelas podía demorar la construcción de rampas. En una nota del 22 de junio del año pasado, la Dirección de Infraestructura preguntó “si alguno de los edificios cuenta con presencia de personas con movilidad reducida, donde se deba proceder a la instalación de medios de elevación y sanitarios especiales, teniendo en cuenta que la adecuación promedio de un edificio en todos sus niveles es de 400 mil pesos y a fin de optimizar la inversión”. Si puede resultar extraña esta política de “optimizar la inversión” en base a la población actual de personas con discapacidad (y no en función de las poblaciones futuras), no fue más bizarra la respuesta que recibieron: desde las distintas direcciones de educación pública enviaron a Infraestructura un listado de todas las personas con discapacidad que van a las escuelas porteñas, con nombres y apellidos de cada uno, grado en el que se encuentran (incluye hasta los que están en “sala de 4”). Un trabajo de control bien aceitado.