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El futuro de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad deberá discutirse si la Cámara de Apelaciones confirma su procesamiento y no antes. Aun así, que haya sido procesado en primera instancia implica una crisis institucional. En estas dos ideas coincidieron ayer la mayoría de los consitucionalistas consultados. Los especialistas señalaron que existen dos vías para una eventual suspensión, la del juicio político –que parece improbable, porque los legisladores de la oposición no reúnen los votos necesarios– y la de una revocación de mandato, que puede ser impulsada por los votantes si reúnen el 20 por ciento del padrón, y concretada si en una votación la revocatoria obtiene más del 50 por ciento de los votos. “La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación semidirecta instalado en la Constitución de la Ciudad a partir de 1996”, explicó Gustavo Ferreyra, profesor de Derecho Constitucional de la UBA. “La Constitución porteña es una de las más modernas del país y la que incluye mayores formas de participación semidirecta. Los constituyentes del ’96 discutieron muchísimo si instalar o no la revocación de mandato, porque con nada más que el 20 por ciento del padrón el procedimiento puede ser llevado adelante.”

Para Ferreyra, el procesamiento de Macri “implica una situación de gravedad institucional”. De todas maneras, el especialista señaló que un auto de procesamiento “es una medida cautelar, absolutamente provisional” y que todos los imputados “tienen derecho a ser oídos en una doble instancia”. Por eso consideró importante esperar el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones. “Sólo con el pronunciamiento de la Cámara se estará en condiciones de analizar al jefe de Gobierno por mal desempeño.”

Eduardo Barcesat coincidió en la necesidad de tener un fallo de Cámara. “Luego, a mi criterio, se impone disponer su licencia o suspensión en el cargo.” Para el constitucionalista, la gravedad del caso está dada “porque se trata de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública” y por esto “los legisladores que voten por mantenerlo en el cargo deberán considerar que tendrán una responsabilidad como encubridores”. Barcesat apuntó además que “lo que genera la crisis institucional no es el procesamiento, sino los delitos cometidos. El procesamiento sanea las instituciones”.

Ricardo Gil Lavedra, en cambio, opinó que no hay crisis institucional. “Un procesamiento es un estado exclusivamente de sospecha, que no predica nada en torno de la comisión de los hechos ni tampoco respecto de la culpabilidad del procesado”, advirtió. “Por otra parte, Oyarbide es un juez con escasa credibilidad, todo el mundo está esperando saber algo más en concreto sobre cuáles son los elementos que tiene contra Macri. Yo, sinceramente, no entiendo bien la vinculación entre Macri y esta asociación ilícita que hizo las escuchas, más allá de que este hombre (Ciro James) trabajó para el Gobierno de la Ciudad. El gravísimo error que él cometió fue nombrar jefe de la Policía Metropolitana a un integrante de la Federal, para peor cuestionado; de esos barros vienen estos lodos.”

Otros consultados, como Gustavo Arballo, hablaron sobre la tensión entre el principio de inocencia y las responsabilidades políticas que funcionarios tienen como gobernantes. “El procesamiento no implica una destrucción del estado de inocencia, entonces siempre hay una tensión entre el principio constitucional que señala que toda persona es inocente hasta que la Justicia haya probado lo contrario, y el hecho de que este procesamiento le imputa a Macri un hecho gravísimo. Aun cuando quede desligado en lo penal, hay de su parte una responsabilidad política.” Profesor de Derecho en la Universidad de La Pampa, Arballo agregó que en su provincia está previsto que el procesamiento firme implica la automática suspensión de los intendentes.