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La reforma al sistema jubilatorio siguió el itinerario previsto: suspenso, estricta mayoría opositora, veto presidencial. El proyecto, para la enorme mayoría de sus propulsores, era un simulacro. No iba por la aprobación sino por la primera victoria plena en el recinto durante 2010 y el consiguiente veto. El objetivo, antes que reparar injusticias con los jubilados o desfondar al Estado, era el que reclaman las hinchadas: “ganar, cueste lo que cueste”. Hacer pagar un costo político al oficialismo. Vaya a saberse en qué medida, se obtuvo.

La sesión tuvo su picaresca y algunos enigmas para escudriñar. El primero fue que el oficialismo dio quórum, contra su costumbre. Se habla de una directiva telefónica de Cristina Fernández de Kirchner, pudo haberla. Pero también primó la certeza de que algún senador propio bajaría, ajando la disciplina del bloque. Las heridas ulteriores a la Ley de Glaciares, la fragmentación en la que se debatía, habilitaban ese desenlace.

La otra duda es cómo se permitió desempatar al vicepresidente Julio Cobos. La segunda vez, como en tantos órdenes de la vida, es menos memorable que la primera pero, igualmente, se le dio un ratito de protagonismo. Y un avento en su imagen, que venía cuesta abajo en la rodada.

En el radicalismo afín al diputado Ricardo Alfonsín se rumia bronca: el rival interno recibió una ayudita. La teoría conspirativa –fue una jugada oficialista para mejorar al rival más deseado– tiene asimismo cultores sonrientes en el propio Frente para la Victoria. El cronista puede creer que se urdan esas maniobras pero es muy escéptico sobre su eficacia. Carambolas a tres bandas, para concretarse dentro de un año, en el campo adversario... humm. Salvando todas las distancias, el escriba rememora cuando boinas blancas taimados daban una manito a Carlos Menem para la interna peronista del ‘88, pensando que sería un contrincante más fácil que Antonio Cafiero. No les fue tan bien, correligionarios.

Cobos sinceró la pobreza de la propuesta opositora. Confesó que la sustentabilidad de esa ley dispendiosa debía buscarse en el futuro. O sea que, contra lo que se predica, la plata no está. Eso sí, el vice que había anunciado su eventual voto se dio el gusto de refutar un adagio peronista: aquel que reza “el que avisa no es traidor”.

Es más, nadie atinó a decir cuál es el costo fiscal de todos los beneficios concedidos allende el 82 por ciento móvil a los que reciben la mínima. Es muy arduo hacerlo porque son centenares de miles de casos, muchos de esos con sentencias, cuya cuantificación se desconoce.

Un ersatz de ley, destinada a avanzar dos casilleros, eso se vio. Quedó pendiente, aunque se insinuó, el tratamiento de una reforma integral del sistema jubilatorio. El oficialismo elevó considerablemente el piso de la cuestión con la ampliación del número de beneficiarios, la cuasi universalización “de facto”, el ingreso de las empleadas domésticas. Conquistas notables a las que se agrega una solvencia inédita que permite algo impensable en décadas: pagos y aumentos regulares y en fecha.

Desde ese estadio superador, lo forzoso es dejar el voluntarismo o la especulación y pensar cómo redondear y mejorar legalmente esos avances. También, buscar una salida para los juicios sentenciados e impagos. Condenar verbalmente a los jueces y criticar sus sentencias es un recurso polémico pero no la respuesta que debe darse desde el Estado.

Nada se mejoró, primó el rol playing. Será otra vez, en ésta primó el juego corto.