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El Ministerio de Justicia comunicó la orden formal de desafectar a seis miembros de la Policía Federal que arrojaron piedras, golpearon a un joven en el suelo e intentaron encubrir la acción agrediendo a los camarógrafos de televisión que registraban el de-salojo del Parque Indoamericano. Voceros de esa fuerza confirmaron a Página/12 que la orden política sobre el destino de los oficiales será la “expulsión definitiva como medida ejemplificadora”.

Entre los federales que fueron desafectados de sus funciones están el comisario Eduardo Pereyra –que se desempeñaba como jefe de una comisaría que no debía estar en el desalojo– y el subcomisario Angel Notarfrancesco, a cargo del personal que agredió con piedras a los manifestantes y golpeó en el suelo a un joven de la Villa 20. También fueron apartados el agente Nahuel Fernández, el jefe de la seccional, principal Roberto Morales; el sargento Alejandro Romero y también el cabo de la Policía Montada Patricio Sabah. Todos ellos fueron puestos en disponibilidad, apenas conocidas las imágenes televisivas donde se los ve además intentando agredir a los camarógrafos que registraban el momento.

La separación de los federales se produce en paralelo con la investigación judicial sobre las muertes de Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña, el pasado martes. La mayoría de los quince testigos que declararon apuntaron a la Federal como responsable de los disparos.

El fiscal Sandro Abraldes recibió ayer las filmaciones y las modulaciones que efectuaron los federales durante el procedimiento, las cuales serán sometidas a pericias para determinar el accionar de la fuerza. Además de los testimonios, el informe balístico recibido por el fiscal también indica que los proyectiles de plomo extraídos del cuerpo de ambas víctimas pertenecía a “posta de munición múltiple”, compatible con los cartuchos de Itaka que dispara la Federal. La pericia recogió en la zona donde actuó la policía decenas de cartuchos rojos que corresponden a munición de plomo, así como otros de color verde, correspondientes a postas de goma, los autorizados para disturbios callejeros.

“La mayoría de los testigos coincide en que no había civiles armados y en que la que tiraba era la Policía Federal, aunque sólo un número menor aseveró que los tiros mortales fueron policiales”, relató una fuente de la investigación, lo que desacredita la versión de la utilización de “armas tumberas” por parte de civiles. La fiscalía también tiene secuestradas más de dos centenares y medio de armas usadas por las policías Federal y Metropolitana, que aún no fueron peritadas.