La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa se encontró con un panorama muy distinto al que preveía. Fue recibida en la Casa de Gobierno, el secretario de Comunicación, Juan Manuel Abal Medina, trató en forma cordial a los emisarios y les agradeció la misión de la SIP que en 1978 constató las graves violaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión que se cometían en el país. El documento que redactaron entonces Edward Seaton e Ignacio Lozano, propietarios de dos diarios estadounidenses, consignó con asombro que los editores de los principales diarios argentinos justificaban la represión porque decían priorizar la seguridad nacional sobre la libertad de expresión. Seaton y Lozano también cuestionaron la asociación de los diarios con el Estado en Papel Prensa, mediante un “generoso crédito ofrecido por el gobierno militar” que podía imponerles “no antagonizar” con la dictadura, tal como ocurrió. Abal también les entregó un documento sobre la política del actual gobierno, que incluyó la despenalización de los delitos de calumnias e injurias y la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, y otro referido al multifacético conflicto con el Grupo Clarín. La llegada de la misión fue saludada con una declaración firmada por un centenar de periodistas e intelectuales, entre ellos personas tan ajenas al gobierno como Juan Gelman y Adrián Paenza, puntualizando los obstáculos a la libertad de expresión por parte del Grupo Clarín. Además varios periodistas del diario Tiempo Argentino y el relator y conductor Víctor Hugo Morales se reunieron con los inspectores y les plantearon cuestiones como el monopolio de la producción de papel, el dictamen fiscal que considera crimen de lesa humanidad el desapoderamiento de las acciones en Papel Prensa de la familia Graiver y la resistencia de las autoridades del Grupo Clarín a permitir la identificación del origen de los hijos adoptivos de la presidente de su directorio. Los visitantes no supieron qué contestar e insistieron en sus declaraciones previas a la misión, lo cual puso aún más en evidencia que se atenían al libreto preparado por el Grupo Clarín y su socio La Nación y no a una investigación en el lugar. Las respuestas a las otras cuestiones oscilaron entre reconocer que no había otro caso en el mundo donde dos diarios concentraran la producción del papel que necesitan sus competidores y descartar el caso de la identidad como “un asunto de familia”, una enormidad que no realza a quienes la dijeron. Quedó claro que las políticas de comunicación vigentes responden a reclamos de sectores muy importantes de la sociedad y que el gobierno sabe escuchar, expone sus argumentos y hasta puede servirse de un escenario armado para debilitarlo. Hubiera sido interesante que los periodistas argentinos preguntaran a la SIP qué ocurrió con la placa de homenaje a sus colegas detenidos-desaparecidos, que fue colocada en 1978 en la sede de la SIP en Miami porque ningún editor argentino aceptó recibirla, y que desapareció a su vez durante la mudanza de la entidad a otro edificio en 2000.