La violenta represión a tiros sobre setecientas familias que ocupaban 15 hectáreas en Jujuy, dispuesta por dos jueces provinciales y ejecutada por la policía local en colaboración con las fuerzas de seguridad privadas del Ingenio Ledesma, marca un límite que requiere una respuesta integral por parte de las autoridades nacionales. Ocho años después del ascenso al poder de Néstor Kirchner, quien asumió el público compromiso de no reprimir la protesta social, es inadmisible que haya magistrados que dicten órdenes semejantes sin prever sus consecuencias, instituciones policiales que las acaten y que conformen una fuerza de tareas conjunta con el personal armado de una empresa de sombríos antecedentes. La combinación de los Blaquier, que se creen por encima de la ley, y de grupos políticos que sólo confían en la acción directa, complican el problema, pero no son su clave. La reacción del gobernador Walter Barrionuevo, quien propuso a la Legislatura expropiar las tierras ocupadas por los sin techo jujeños, es correcta pero tardía, porque desde el comienzo debió ser evidente que un conflicto que involucra a más de 3500 personas que reclaman por un derecho básico, constituye una problemática políticosocial y no puede ser tratada como una cuestión de seguridad interior. Y aún si lo fuera, hace casi veinte años que rige en el país una ley que prevé cómo actuar, pero que no se aplica porque los mecanismos que prevé fueron desactivados durante años y el proceso de su reconstrucción aún no ha concluido. En tales casos la ley dispone que se constituya un comité de crisis (con participación del ministerio nacional y del gobernador de la provincia afectada), cuyo órgano de trabajo será la Subsecretaría de Seguridad Interior. La misión del Comité será “ejercer la conducción política y supervisión operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y provinciales que se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior en cualquier lugar del territorio nacional”. El artículo 25 de la ley autoriza al Comité de Crisis a delegar la supervisión operacional local de los cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad a empeñarse en operaciones de seguridad interior en un funcionario nacional o provincial de jerarquía no inferior a subsecretario nacional o ministro provincial, facultado para “ordenar la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza, así como para graduar la intensidad de la misma”. Si la crisis del Parque Indoamericano sirvió para que el Poder Ejecutivo dispusiera la creación del Ministerio de Seguridad, la reiteración de las respuestas bárbaras, esta vez en una provincia gobernada por un aliado del gobierno nacional, debería dar paso a una aplicación rigurosa de las leyes vigentes y a la puesta en vigencia de protocolos de intervención como los que hace cuatro meses propuso el ministerio de Seguridad de Nación y rechazó Jujuy, que eviten el doloroso dispendio de vidas jóvenes que no tienen reposición posible.