Algunas respuestas al boicot contra Aerolíneas Argentinas por parte de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico tienden a encerrar al gobierno en un camino sin salida. El provocativo secretario general Ricardo Cirielli forma parte de la minoritaria agrupación sindical que responde a Luis Barrionuevo de Camaño, pero la solicitud de cancelación de la personería gremial de APTA amplía su campo de alianzas. No hay sindicato ni central que puedan avalar esa medida. Para colmo, el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi querelló a Cirielli por calumnias e injurias, alegando que sus expresiones sobre él “afectan la confianza de los ciudadanos en la gestión pública”. Alguien debería informarle a Schiavi que el gobierno que integra quitó del Código Penal esos delitos, cuando se trate de “asuntos de interés público”. Lo hizo en respuesta a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel, que Cristina hizo propia enviando el proyecto al Congreso, que lo convirtió en ley por una mayoría abrumadora. El objetivo es, precisamente, permitir el más amplio debate sobre la gestión pública y exponer a los funcionarios a un mayor escrutinio de sus actos, aún al precio de afectar su honra. Schiavi sigue así el camino del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, un querellante serial cuyas denuncias fueron rechazadas por la Justicia, como corresponde. En julio de 2010, ante una de las demandas de Aníbal, la sala II de la Cámara Federal de la Capital sostuvo que “en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población”. Por eso, el juez federal Ariel Lijo debería rechazar in limine la querella de Schiavi, sin perder tiempo y esfuerzo en la sustanciación de un proceso de final anunciado. En el mismo terreno de las relaciones del gobierno con las organizaciones gremiales, el Frente para la Victoria confirió la presidencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados a Héctor Recalde. El abogado de la CGT no formó parte de la escalada de declaraciones altisonantes dispuesta por Hugo y Pablo Moyano, quienes reclaman un trato de privilegio por parte de la presidente. CFK objetó ante la Unión Industrial el proyecto de reglamentación del artículo 14 bis de la Constitución presentado por Recalde para regular la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Pero en el mismo acto realizado en el Aeropuerto Newbery de la Capital en el que fustigó las medidas de fuerza encubiertas de técnicos y pilotos de Aerolíneas Argentinas, Cristina saludó en forma afectuosa a Recalde y volvió a interesarse por él la semana siguiente, cuando debió someterse a una cirugía de urgencia, de la cual ya está repuesto. Recalde es quien más ha insistido en el carácter estratégico de la alianza entre el gobierno nacional y la CGT, que Pablo Moyano desdeñó al afirmar que los voceros gremiales del gobierno son Armando Cavalieri y Oscar Lescano, un disparate revelador del desconcierto que la compleja personalidad presidencial provoca en la cabina del camión. Sin molestarse en responder esas tonterías, Cristina dará respuesta a reclamos específicos de todas las centrales sindicales, como la modificación del mínimo no imponible para la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y de los topes salariales para las asignaciones familiares por hijo, si bien es improbable que se acerque a los porcentajes que apetecen los gremios con trabajadores mejor remunerados, como camioneros y petroleros.