Edgardo Binstock, quien era secretario de Derechos Humanos bonaerense cuando Julio López desapareció, señaló que con aquel hecho “se intentó amedrentar a los testigos, los jueces y los abogados para detener un camino de justicia que ya era una política de Estado” del gobierno kirchnerista. El ex funcionario y dirigente del Movimiento Evita consideró además “la ausencia” de López como “una deuda de la democracia que nos compromete a continuar con los juicios a los responsables civiles y militares del terrorismo de Estado”.