El croquis que elaboró Alfonso Severo cuando fue a declarar ante la fiscalía.
Imagen: DyN.

Enrique Alfonso Severo se presentó por primera vez a declarar en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra un día después de que ocurriera. Fue a la fiscalía a denunciar que habían baleado su casa en Sarandí, y relacionó el episodio con algunas cuestiones que dijo que sabía, aunque no había estado en el escenario de los hechos. Dijo que el día anterior al ataque de la patota de la Unión Ferroviaria contra trabajadores tercerizados en Barracas hubo una convocatoria a empleados ferroviarios para que participaran y que el encuentro se hizo en una sede del gremio en la estación Constitución, convocado por el delegado Humberto Martínez; también afirmó que allí, en ese edificio, había un sector donde guardaban armas. Incluso un día después llamó para avisar que los hombres de José Pedraza se las estaban llevando, alertados de un inminente allanamiento de la Gendarmería. Mencionaba al propio Pedraza, a su número dos Juan Carlos “Gallego” Fernández, ambos acusados en el juicio como instigadores del homicidio, y al delegado Pablo Díaz, acusado de coordinar al grupo de choque.

Allí en Constitución, sostuvo Severo, Martínez había convocado a todo el personal de la empresa Ferrobaires (que pertenece a la provincia de Buenos Aires), una de las que integra la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de emergencia (Ugofe), que opera el tren Roca bajo tutela estatal. El encuentro, en Hornos 11, según declaró, pretendía que el 20 de octubre de 2010 los trabajadores fueran a impedir que los trabajadores tercerizados de esa línea cortaran las vías en su reclamo por el pase a planta. También dijo que por lo que le contaron viejos compañeros les exigían que fueran a “hacer el aguante” y que “el que no fuera se olvidara de todo”. Mencionó algunos trabajadores que habrían sido despedidos como consecuencia de su negativa a participar.

El testimonio de Severo afirmaba que la Ugofe –encargada de las contrataciones, entre ellas de tercerizados, con bajos salarios y fuera de convenio– era manejada por el ex subsecretario de transporte Ferroviario Antonio Luna, además de Fernández y Díaz. Los dos últimos, igual que Pedraza, sostuvo, mandaban en Ferrobaires y por ende la Ugofe. Afirmó igualmente que reconoció a personas de ambas firmas al ver las imágenes del ataque de la patota por televisión. Mencionó entre ellos a Alejandro Benítez.

Al relatar su historia en Ferrobaires, Severo dijo que venía de Eemesa, de donde se fue en forma voluntaria (en tiempos de la privatización, en 1995) pero inmediatamente se incorporó a Ferrobaires como peón, hasta que terminó con un cargo gerencial en 2001. Lo suspendieron en 2009, a raíz de conflictos que tuvo con Norberto Saldaña (de Transporte Metropolitano). En entrevistas periodísticas habló también de sus enfrentamientos con Héctor Carruega, del servicio de atención al usuario (con quien habría tenido una disputa en torno a la venta ambulante y los puestos de comida en la zona de la estación), con el propio Alberto Trezza (un duhaldista que dirigía Ferrobaires) y con su colaborador Daniel Heesf. En una segunda declaración dijo que ellos le prestaban armas a la gente de Ferrobaires y que se encontrarían no sólo en un sector de encomiendo de constitución donde practican tiro –según su versión– sino en el Museo Ferroviario Bonaerense. Cuando alertó que los ferroviarios se llevaban las armas, al llegar los investigadores ya no hallaron nada. Muchos de los datos que aportó no pudieron ser corroborados durante la investigación del homicidio.