La organización Cristianos para el Tercer Milenio expresó “dolor e indignación” ante el documento sobre la democratización de la justicia de la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado católico porque “no habla en nuestro nombre ni en el nombre de la mayoría de nuestros hermanos en la fe”. Los coordinadores Hernán Patiño Mayer, Alicia Pierini, Felipe Solá y Ana Cafiero, entre otros, denunciaron “la evidente intencionalidad política que tiene el texto publicado”, que atribuyen a “un irrefrenable deseo de criticar la acción del gobierno y sumarse abiertamente a la oposición”. Sostienen que un instituto que invoca la representación de la Iglesia debe ser prudente y neutral, “salvo que en realidad se busque contribuir a la polarización que se denuncia y atentar contra la convivencia que se pregona”. La Comisión Justicia y Paz es conducida por el obispo Jorge Lozano y la preside el licenciado en administración de empresas Gabriel Castelli. Entre los integrantes continúa su ex presidente, Eduardo Serantes. Ambos fueron antes directores ejecutivos de la organización de beneficencia del Episcopado. La Comisión que se preocupa por la pobreza es financiada por los bancos Francés, Santander Río, Galicia y Standard Bank, por la aseguradora suiza Zurich Insurance Group, por las obras sociales OSDE (de empresarios) y ASIMRA (de personal jerárquico de la industria metalmecánica), por el sindicato de trabajadores de juegos de azar (Aleara) y por la Fundación Konrad Adenauer. Castelli integró antes la Fundación Andares, creada por el diputado nacional y ex broker de JP Morgan, Alfonso de Prat Gay, y financiada por la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la Fundación Ford. El ingeniero Serantes es director de empresas de agronegocios y fondos agrícolas de inversión y asesor de empresas agroindustriales y de servicios. Durante el conflicto de 2008 apoyó los reclamos de las cámaras patronales agropecuarias, reacias a pagar las retenciones con las que el gobierno nacional ha conseguido una notable reducción de la pobreza y la indigencia. Ante las diferencias entre el texto que se entregó al gobierno el miércoles 6 y los que el mismo día difundieron la agencia oficial del Episcopado (AICA) y el portal de Daniel Hadad, Infobae, la Secretaría de Culto citó para una reunión con el ministro de Justicia Julio Alak a Castelli, quien asistió junto con Juan Gregorio Navarro Floria, el único miembro de la Comisión con experiencia jurídica. Ambos desmintieron el texto publicado y dijeron que bajo ningún punto de vista reflejaba el pensamiento de la Comisión. Las autoridades de la CEA también hicieron saber su sorpresa. El documento original que publicó AICA fustigaba “los apetitos o deseos de quienes gobiernan”, a los que debería oponerse la independencia de los jueces. Decía que quien piensa distinto no debe ser visto como “un enemigo a aniquilar”; responsabilizaba a “los poderes políticos” por los jueces sin capacidad ética ni técnica que “son públicamente conocidos”. Condenaba la utilización del poder estatal “para torcer la voluntad de los jueces a favor de los intereses del Gobierno” y sostenía que “el Consejo de la Magistratura había alcanzado un funcionamiento razonable hasta la última reforma legal que afectó su funcionamiento, precisamente por la mayor injerencia política” e instaba a “evitar toda demagogia y preservar lo que la Constitución manda”. También desdeñaba como anómala “la subsistencia de demasiados jueces subrogantes, sin estabilidad y que dependen del Poder Ejecutivo”. Consideraba un “escándalo el espectáculo de jueces que exhiben joyas, propiedades o un nivel de vida impropio de sus ingresos”. Sobre la creación de tres cámaras de casación afirmaban que “es lícito sospechar que lo realmente buscado no es agilizar los procesos, sino crear tribunales superiores a los existentes, con jueces íntegramente designados a gusto de las actuales mayorías, que puedan modificar la jurisprudencia en un sentido favorable a la autoridad política”. En los poderes Ejecutivo y Legislativo “los mecanismos de selección están completamente desvirtuados por la multiplicación de contratados en función de su ideología o pertenencia partidaria, y no de su idoneidad”. Lamentaban que “solamente los pobres van a la cárcel, y padecen allí la ausencia de condiciones mínimas de dignidad. La lentitud de los procesos judiciales afecta en mayor medida a quienes no tienen tiempo ni recursos para aguardar su resultado”, como los jubilados. Todas las oraciones transcriptas entre comillas no figuraban en la versión entregada al gobierno. En cambio, se agregaron otras frases menos beligerantes. Reconocieron al Estado “el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales”; se manifestaron por “un sistema que garantice el acceso y el resguardo de derechos de quienes menos tienen y pueden, con fácil acceso, bajo costo y ágil resolución”; sostuvieron que el norte de cualquier reforma debería ser “el derecho de los más necesitados y desprotegidos y la pronta resolución de las causas, cuya demora afecta en mayor medida a quienes no tienen recursos ni tiempo para aguardar resultados (por ejemplo, los jubilados por la actualización de sus haberes, los Pueblos Originarios a quienes se niegan o quitan sus territorios, los poseedores ancestrales de tierras que son desalojados”. Extendieron la responsabilidad por los jueces cuestionados al Consejo de la Magistratura. Pero en la versión oficial también hubo agregados que endurecieron el texto: cualquier reforma judicial “debe preservar y en lo posible profundizar las garantías de independencia y neutralidad de la justicia”; en el pago de impuestos no deberían existir excepciones para el personal de la Justicia, pero sólo si se revisara el sistema tributario para corregir otras inequidades, “como gravar el consumo de bienes esenciales (que tan pesadamente inciden sobre los pobres y, en general, sobre el trabajo personal”. Si bien deberían evitarse abusos, “las medidas cautelares en juicios en que el Estado es parte son una herramienta necesaria para impedir daños irreparables a derechos constitucionalmente protegidos, especialmente en un momento en que el Estado abarca cada vez más áreas de la vida económica y social”. Los Cristianos para el Tercer Milenio entienden que el documento “prejuzga y opina no desde el Evangelio sino desde una postura ideológica, conservadora y reaccionaria que se caracteriza por la resistencia a todo cambio de las estructuras de injusticia e inequidad que aún sobreviven en nuestra Patria”.