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El fiscal federal Jorge Di Lello advirtió ayer sobre la irregularidad que significa que el juez Ariel Lijo les haya tomado declaración como testigos a Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone, siendo que ambos estaban imputados en la causa. Di Lello señaló que esa misma advertencia se la hizo al magistrado el lunes pasado, antes de que declarara Reinwick, yerno de Ciccone, y luego durante la propia declaración de Ciccone. Los dos integrantes de la familia propietaria de la calcográfica dieron un giro llamativo a la causa: durante dos años habían dicho que eran los dueños de la empresa y Reinwick hasta firmó una solicitada en la que se adjudicaba el manejo del 70 por ciento del fondo que rescató Ciccone. Pero ahora ambos sostuvieron que Amado Boudou negoció con ellos la transferencia de la imprenta y que no lo dijeron durante todo este tiempo porque estaban amenazados de muerte. Ante este último argumento, el juez Lijo también impidió que la defensa de Boudou –encabezada por Diego Pirota– o del ex director de Ciccone Alejandro Vandenbroele participaran de las tomas de declaraciones.

Hasta hace diez días, los integrantes de la familia Ciccone estaban imputados por varios delitos, entre ellos lavado de dinero, porque no estaba claro de dónde salió el dinero con el que se rescató la calcográfica de quiebra. Sin embargo, en forma sorpresiva el juez Lijo decidió citarlos como testigos. La sorpresa es porque, por ejemplo, el que robó un banco no puede declarar como testigo de ese robo. Ayer, en el programa que conduce Romina Manguel por Radio América, el fiscal explicó que no bien se enteró le entregó un escrito al juez advirtiéndole de la irregularidad.

Durante la semana que pasó, el yerno y el suegro declararon ante el magistrado y dijeron que Boudou negoció personalmente la transferencia de la imprenta en dos oportunidades, en un estudio de Telefe y en un restaurante de Puerto Madero. La versión encaja al milímetro con lo que sostiene la oposición. Es más, según un escrito presentado por la defensa del vicepresidente, la diputada Graciela Ocaña estuvo en la mesa de entradas del juzgado y dijo que ella había hablado con Reinwick y que éste declararía. Boudou niega en forma categórica que haya participado con los Ciccone de alguna reunión por el tema de la calcográfica.

La defensa del vicepresidente denunció también que no se les permitió estar en la declaración del yerno y el suegro. El argumento del juez Lijo es que Reinwick y Ci-ccone señalaron que estaban amenazados. Frente a ello, Pirota –el defensor de Boudou– señaló que ninguno de los dos presentó nunca una denuncia por amenazas, que no presentaron ninguna evidencia de esas amenazas y que en todo caso no podía considerarse que los abogados fueran peligrosos. Pirota y los otros dos defensores de Boudou, Verónica Lichtman y Eduardo Durañona, se presentaron en la Comisión de Etica del Colegio de Abogados denunciando que los abogados de los Ciccone sostuvieron que la presencia de los letrados de Boudou constituía “un riesgo para la vida de nuestros asistidos”. Para Pirota, Lichtman y Durañona se trata de una violación del código de ética.

Pirota también pidió la nulidad de las declaraciones y cuestiona al juez en su escrito: “¿Qué habrá cambiado en la causa? ¿Por qué los imputados ahora son testigos? ¿Por qué a las partes ya no se les permite ejercer su rol? ¿Por qué ya ni se atienden los requerimientos del fiscal? ¿Por qué la investigación se ha restringido a la –ya evidenciada– nueva postura del magistrado? ¿Por qué el señor juez no quiso que los abogados defensores presenciemos las declaraciones?”.

El enfrentamiento en la causa tiene dos puntas:

- Los Ciccone dicen ahora que Boudou negoció con ellos y que se quedó con la empresa a través de su amigo José María Núñez Carmona. Afirman que no dijeron esto antes porque estaban amenazados.

- Quienes respaldan al vicepresidente aseguran que esa versión es falsa, que Boudou nunca tuvo firma para hacer posible esa transacción y que la empresa fue llevada a la quiebra por los Ciccone y luego rescatada por ellos mismos con dinero del financista Raúl Moneta. En el camino, el Poder Ejecutivo la nacionalizó y por eso ahora quieren recuperarla con las denuncias.