Domingo, 22 de febrero de 2015 | Hoy
Por Horacio Verbitsky
Durante la discusión en el Congreso de la ley de Inteligencia Nacional, la oposición reiteró un planteo que desde hace un par de años instaló el Senador Radical Gerardo Morales: que el gobierno ha confiado al Ejército la inteligencia interior (y más específicamente el espionaje político, que las leyes prohíben). La diputada Elisa Carrió le dio tono de radionovela, al pedirle al general César Milani: “No me mate”. Pero nadie suministró dato alguno que fundamente ese supuesto y las informaciones que en distintos momentos difundió el senador Morales, sobre un incremento desmesurado del presupuesto para la Inteligencia militar, no se sustentan en hecho alguno. Ante una consulta para esta nota, el ministro Agustín Rossi respondió que desde 2012 a 2015 el aumento de los créditos presupuestarios destinados a Inteligencia del Ejército nunca superó el porcentaje de incremento presupuestario del total de la jurisdicción Ministerio de Defensa. Mientras el presupuesto de Defensa tuvo un incremento promedio 32,5 por ciento, los recursos destinados a Inteligencia del Ejército crecieron a un promedio del 25,8 por ciento anual.
El gráfico muestra el detalle por año.
La mayor diferencia se registró en 2013, el año en que Rossi fue designado ministro y Milani Jefe de Estado Mayor del Ejército, y en 2014, con 11 y 15 por ciento de diferencia respectivamente. De los recursos destinados a Inteligencia del Ejército en esos años, el 93,5 por ciento se destinó a gastos de personal. En 1983, la Dirección de Inteligencia del Ejército contaba con 3.743 PCI (personal civil de inteligencia). Hoy son menos de la mitad: 1.403. El 18 por ciento de ellos son asesores militares, asesores universitarios, ingenieros y analistas de sistemas, que realizan tareas de Análisis. El 49,3 por ciento se ocupa en tareas de “Apoyo y procesamiento”, e incluye criptólogos, fotointérpretes, dactilógrafos y técnicos varios. El 24,2 por ciento se encarga de la “Guardia y seguridad” de instalaciones y el 8,6 por ciento de “Servicios generales y maestranza”.
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