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A la embestida de la Corte Suprema contra el gobierno también se sumaron en cascada durante los últimos días las instancias inferiores de la Justicia:

12/11: La jueza Cecilia Gilardi de Negre frenó las licitaciones de señales de Televisión Digital Terrestre que había concretado la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

17/11: El juez federal Claudio Bonadio ordenó allanar el Banco Central en busca de documentación sobre una denuncia de la oposición contra las autoridades del organismo por la venta de dólares futuro.

18/11: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revirtió un fallo de primera instancia y suspendió la aplicación del artículo 20 de la ley 26.831 que habilitaba a la Comisión Nacional de Valores a designar veedores en las empresas.

19/11: La Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la ley que reformó el Consejo de la Magistratura.

19/11: El juez federal Claudio Bonadio procesó al titular del PAMI, Luciano Di Cesare, en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la suscripción de letras del Tesoro.

20/11: La Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando a Guillermo Moreno y Axel Kicillof a raíz de una acción del Grupo Clarín que en 2013 los denunció penalmente por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, amenazas y perturbación durante una asamblea societaria realizada el 23 de abril de 2013. El fiscal federal Miguel Ángel Osorio había desestimado la denuncia por “inexistencia de delito”, el juez Rodolfo Canicoba Corral la había archivado en julio de 2013 y la Sala I de la Cámara Federal había confirmado esa decisión, pero Clarín apeló y ahora se decidió avanzar.

20/11: El juez en lo contencioso administrativo federal, Ernesto Marinelli, emitió una medida cautelar que ordenó la suspensión transitoria de la resolución del gobierno que obliga a las aseguradoras a vender sus bonos en dólares.

25/11: El juez Ernesto Marinelli, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N 1, dispuso como medida cautelar interina la suspensión de los efectos de la resolución de la Cámara de Diputados que había designado Julián Alvarez y Juan Ignacio Forlón como auditores en la Auditoría General de la Nación.