Martes, 3 de octubre de 2006 | Hoy
EL PAíS › DE QUE SE ACUSA A LOS PROCESADOS
Entre los procesados por la tragedia de Austral figuran directivos de la empresa y de la Fuerza Aérea argentina. Como coautores de “estrago doloso”, el juez imputó a siete personas que en ese momento integraban el directorio de Austral, a quienes acusó de no haber cumplido con las políticas de seguridad –especialmente la prevención de accidentes– y de no entrenar a los pilotos ni capacitar a los instructores, y trabó embargos de 5 millones de pesos para cada uno.
La medida cayó sobre Manuel Morán (presidente), Mario Sruber (vicepresidente ejecutivo) y cinco miembros del directorio: Walter Hayas, Mario Cardoni, Fernando José Francisco Mayorga, Javier Monzón y Angel Sanchis Herrero.
También por estrago doloso fueron procesados cuatro gerentes y un auditor de la compañía aérea, acusados de permitir la habilitación ilegal del avión siniestrado, a quienes además se les aplicaron embargos de entre 3,5 y 4 millones de pesos. Los imputados son los gerentes Javier Losa de la Cruz (Area Técnica), Jorge Fernández (Mantenimiento), Ricardo Embón (Planeamiento) y Pablo Chini (Aseguramiento de Calidad), junto a Norberto Nieves, auditor de Aseguramiento de Calidad.
El juez Ballestero procesó además a personal de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA) y del Comando de Regiones Aéreas (CRA) de la Fuerza Aérea. La imputación es por irregularidades en la certificación del avión siniestrado, ya que carecía de luz ámbar (alarma). Los embargos trabados en este caso son de entre 3 y 5 millones de pesos.
El procesamiento para los miembros de la DNA recayó en Juan Manuel Baigorria (director nacional), Justo Díaz (director de Coordinación Técnica), Danilo Wenk (titular de la Dirección de Certificación Aeronáutica “Córdoba”) y Hugo Adib (titular de División Ingeniería de la Dirección de Certificación “Córdoba”).
De la misma dependencia fueron imputados Carlos Carmenini (jefe de la División Transporte Aéreo Regular), Norberto Sotelo Ossa (Dirección de Aviación de Transporte), Eduardo Sánchez Ara (de la División Ingeniería) y Miguel Gaitán (encargado de la División Producción).
Acusado de habilitar a un instructor de vuelo sin requisitos y permitir a Austral que enviara a sus pilotos sólo una vez al año a hacer cursos, y con embargos de entre 5 y 3 millones de pesos, fue procesado Carlos González, director de Habilitación y Fomento del CRA.
Como “partícipe primario de estrago doloso” fueron acusados Guillermo Destefanis, José Eduardo Garrido, Héctor Gerling y Juan Fortuny, integrantes de la Comisión Asesora de Licencias de Funciones Aeronáuticas Civiles. La nómina se completa con Andrés Acribillaga, instructor de vuelo de Austral, quien “carecía de requisitos para esa función”, por lo que fue acusado de “partícipe secundario de estrago doloso”.
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