Frente al corte de ruta convertido en un hecho inamovible, el Gobierno ahora concentra su preocupación en evitar que, en diciembre, el bloqueo de los vecinos de Gualeguaychú al puente internacional se instale por tiempo indeterminado, como ocurrió este verano. El panorama abierto en el conflicto fue analizado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el canciller Jorge Taiana y la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, en una reunión en la Casa Rosada. Al término del encuentro, y dos horas antes de que comenzara la protesta, voceros oficiales reiteraron el “disgusto” del Poder Ejecutivo por la modalidad de protesta. Picolotti advirtió que la Corte de La Haya puede quedar “mal predispuesta” por la medida.

La secretaria de Medio Ambiente fue la encargada de hacer las declaraciones públicas, lo que concretó con una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. “Pido por favor que reconsideren el tema del corte como modalidad de movilización porque tiene consecuencias jurídicas ante la estrategia que el Gobierno está desplegando para defender a la gente de Gualeguaychú”, sostuvo, en alusión al juicio de La Haya.

“La Argentina está utilizando una vía de derecho para reclamar y estas vías de hecho no son bien vistas en ningún lugar del mundo”, advirtió. Consideró además que los piquetes “podrían habilitar nuevos reclamos” de Uruguay ante el Tribunal del Mercosur.

La secretaria sostuvo por otra parte que la posibilidad de desalojar la ruta con la Gendarmería, como lo pide la administración de Tabaré Vázquez, no está siendo contemplada. En lo mismo coincidió el gobernador entrerriano Jorge Busti: “Tengo claro que represión no va a haber”, respondió ante una consulta sobre el tema.

Recambios

Con el retorno de los cortes, el Gobierno ve resurgir un problema de difícil resolución: el de cómo influir con eficacia sobre una asamblea que no tiene líderes fijos. Un dato ilustra esta dificultad: muchos de los asambleístas que fueron claves en el verano –aquellos que sostuvieron los cortes de diciembre a mayo– tuvieron en estos meses un diálogo fluido con el Gobierno y la Cancillería, y en la asamblea del martes pasado se mostraron con una postura moderada. Pero de la misma asamblea surgió un nuevo grupo que impulsó la vuelta a los cortes de ruta. Los que mocionaron el bloqueo del puente y ganaron esta última votación no habían tenido, hasta ahora, gran protagonismo. La dinámica de la asamblea es en ese sentido imprevisible, aunque no impermeable. Por eso el tema de fondo para los funcionarios es cómo moverse de aquí a diciembre.

Una de las posibilidades abiertas es descomprimir la situación accediendo a algunos de los doce puntos del petitorio que la asamblea envió, hace ya tres meses, al canciller Jorge Taiana. Piden que la Casa Rosada no se limite al plano judicial y controle la frontera para impedir que crucen al Uruguay camiones con insumos para la construcción de Botnia. También que se sancione a las empresas argentinas que les venden materiales y que se vote una ley que prohíba exportar madera destinada a la fabricación de pasta de celulosa.

Néstor Kirchner no habló sobre el tema. Quien sí lo hizo fue el vicepresidente Daniel Scioli, quien consideró “muy importante” que Gualeguaychú confíe en su “estrategia para resolver la situación”.

“Tenemos esperanzas de que vamos a poder encaminar este tema; es comprensible la ansiedad del pueblo de Gualeguaychú, pero hay que confiar en la estrategia” de Kirchner, dijo Scioli.

En la Cancillería, una noticia alimentó la promesa de una distensión: ayer el Banco Mundial dijo que pedirá a una nueva consultora que revise el estudio de impacto ambiental realizado los canadienses de Ecometrix. El trabajo de Ecometrix, que sostiene que las pasteras no van a contaminar, fue el que precipitó la decisión de la asamblea ambientalista de volver a la ruta.