El encargado de Negocios de Irán en la Argentina, Moccen Baharvand, fue convocado ayer a la Cancillería para que ratifique o rectifique los dichos del fiscal general iraní, quien sostuvo que “la Justicia argentina es corrupta” y adelantó que se pediría la captura del fiscal Alberto Nisman y el ex juez Juan José Galeano. Baharvand dijo que no podía ratificar ni rectificar y que debía pedir instrucciones a Teherán. Un día antes, el domingo, fue citado por la Cancillería de Irán el encargado de negocios argentino en ese país, Mario Quinteros. Se le entregó una carta en la que Irán sostiene que el fallo del expediente AMIA “tiene un sesgo político, así como un proceder peligroso y carente de juridicidad frente a los usos y costumbres judiciales vigentes a nivel internacional”. En la Cancillería admiten que las cosas están subiendo de tono, pero la idea es gestionar los pedidos de captura e insistir en que Irán colabore con la Justicia. Por ahora, se considera preferible no romper relaciones, “porque nos quitaría margen de maniobra para seguir insistiendo”, le dijo a Página/12 un hombre de la Casa Rosada. De todas maneras, no se descarta que Irán tome la iniciativa en la ruptura de relaciones.

Más allá de las idas y vueltas, tanto los encargados de la diplomacia argentina como los conocedores de la causa AMIA coinciden en que la amenaza de pedir la captura del fiscal y el ex juez no tendrá ninguna concreción en la realidad. Ya en su momento, Galeano había librado doce órdenes de captura contra funcionarios iraníes –entre ellos los nueve que ahora dictó el nuevo juez, Rodolfo Canicoba Corral– y la respuesta de Teherán fue la misma: amenazar con juzgar a Galeano y condenarlo. Nada de ello ocurrió. El mismo tipo de sobreactuación existió cuando fueron condenados los agentes iraníes que perpetraron la matanza de cuatro opositores en el café Myconos de Berlín: en ese momento, Irán rompió relaciones, profirió todo tipo de amenazas, pero las pruebas fueron contundentes y, al final, las cosas se normalizaron.

El encargado de Negocios de Irán en Buenos Aires, Bahavard, fue recibido ayer por el director general de Política Exterior, Luis Cappagli, quien le pidió explicaciones en nombre del gobierno argentino por las declaraciones del fiscal general de Irán, Ghorbanali Dori-Najafabadi. El funcionario iraní fue quien anunció el supuesto pedido de captura contra Nisman y Galeano. El diplomático le dijo a Cappagli que no podía dar ninguna respuesta y que iba a consultar con sus superiores en Teherán.

El día anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán entregó al encargado de Negocios argentino en Teherán una dura carta en la que sostiene que el fallo de Canicoba tiene un sesgo político. Reiteran así la postura de que no hay pruebas en la causa judicial y que, en lo sustancial, los pedidos de captura se basan en informes de inteligencia aportados por el Mossad israelí y la CIA norteamericana, luego refritados por la SIDE argentina y finalmente adoptados por los fiscales y el juez.

El problema más serio de la postura iraní es que sólo da respuestas de tipo general y que nunca aportó un escrito a la causa desvirtuando las pruebas –que para ellos no tienen ninguna consistencia– que fundamentan el fallo. Durante este fin de semana, por ejemplo, distintos funcionarios dieron explicaciones, aunque muy parciales.

Uno de los puntos nodales del dictamen de los fiscales Nisman y Marcelo Martínez Burgos es que el atentado contra la AMIA se tramó en una reunión mantenida por el Comité de Asuntos Especiales de Irán en la ciudad de Pashad, en agosto de 1993. El encargado de Negocios de Irán en la Argentina señaló que eso surgió exclusivamente de disidentes y opositores a Teherán, que no estaban ya en Irán y que la reunión se publicó en los diarios, “de manera que resulta fácil inventar, sin ninguna prueba, que en ella se decidió algo como el atentado contra la AMIA. Obviamente es una mentira”.

También el ex agregado cultural de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, considerado el organizador del atentado, respondió a una acusación que está en el expediente desde el principio. En noviembre de 1993, a raíz de que la SIDE lo seguía por el atentado contra la Embajada de Israel, fue fotografiado en la avenida Juan B. Justo cuando preguntaba precios por una camioneta Trafic como la que explotó ocho meses más tarde en la AMIA. Rabbani afirmó que no era nada raro verlo caminando por allí ya que vivió en la avenida Juan B. Justo y que no era ningún delito preguntar precios de camioneta. Es más, “hubiera sido ridículo que yo mismo, con mi atuendo y mi barba, preguntara el precio de una camioneta si ese vehículo se iba a usar para una matanza. Son todas mentiras e inventos. La mejor prueba de eso es que cuando fue detenido en Londres el embajador Soleimanpour –quien representó a Irán en Buenos Aires en la época del atentado–, un juez británico sostuvo que no existían evidencias para extraditarlo a la Argentina. Y ahora, encima, vuelven a pedir la captura de Soleimanpour, ya rechazada por la Justicia de Londres”.

Fuera de esas frases aisladas, lo cierto es que Irán siempre rechazó de plano colaborar en el expediente AMIA. Una y otra vez sus funcionarios afirman que no tuvieron nada que ver y que todo fue y es un armado del “sionismo y el imperialismo” para justificar la política de Washington y Jerusalén que ellos consideran que “se guía por los intereses petroleros y es de agresión a Irán y a su independencia”. Habrá que ver si en los próximos días la tensión va en aumento y termina en una ruptura de relaciones o si las aguas se aquietan, más allá de que la Argentina presente los exhortos pidiendo las capturas de los funcionarios iraníes.