“Los médicos tienen un nivel de razonabilidad al exigir una autorización judicial (para practicar un aborto no punible), porque en el país hay jueces que una vez dicen una cosa y después dicen otra, y ellos se juegan su matrícula y hasta su libertad, al realizar ese tipo de intervención. Cuando la Justicia no manda mensajes claros, empiezan a surgir estos problemas”, advirtió el abogado Martín Böhmer, director del Area de Derecho de la Universidad de San Andrés, al analizar las repercusiones del caso de V. O. Böhmer es, además, director de Justicia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para le Equidad y el Crecimiento (Cippec).

–Más allá del drama personal de la adolescente V. O., ¿cuál es la trascendencia del caso?

–El encuadre del caso como aborto terapéutico. Es la primera vez que se toma en cuenta el daño psíquico (que implica continuar con un embarazo producto de una violación), lo que significa que la salud estaría definida en términos mucho más razonables respecto del tipo de violación de derecho que supone un embarazo no querido. Se está teniendo en cuenta qué dicen los médicos y los psicólogos en relación con el concepto de salud. En la medida en que un médico piense que está en juego la salud de su paciente, (el pedido de un aborto) no debería judicializarse y quedaría en una conversación entre el profesional y su paciente. Esta es la idea del tipo penal. El tipo penal excluye de la punición cuando la salud de la mujer está en peligro. Lo hace no por cuestiones extrañas, sino por la obvia razón de que es una discusión entre el médico y la paciente, no entre los jueces, los legisladores y la comunidad. El que define la salud es uno y su médico.

–¿Se podría apelar a esta jurisprudencia, para avalar un aborto en cualquier caso de un embarazo no deseado, más allá de que no haya sido provocado por una violación?

–Las sentencias en la Argentina no generan la obligación del precedente como en otros países, como Estados Unidos: no son obligatorias para los tribunales inferiores, ni siquiera para el mismo tribunal. Las decisiones de la Corte son para el caso particular. Por supuesto, si la Corte bonaerense empieza a fallar consistentemente en el mismo sentido, todos los demás juzgados se van a disciplinar, para evitar que les den vuelta sus fallos. El problema es que el hecho de qué es la salud para una persona es un concepto vago. En el caso de V. O. es más obvio, pero en otros puede ser menos obvio. Supongamos el caso de una mujer que tiene previsto un viaje al exterior y considera que con un embarazo no planificado ese proyecto, que es muy importante para ella, se ve afectado. Es una cuestión muy relativa para que se defina de una vez y para siempre. Lo que es destacable en este caso es que sabemos que en circunstancias como las de esta chica de 14 años, violada, el caso se encuadra dentro de la causal de daño a la salud de la mujer. Otros jueces y los abogados podrán hacer analogías y empezará una conversación jurídica y política también al respecto, entre toda la comunidad. Es decir, habrá que definir hasta dónde se puede meter la comunidad en la toma de una decisión tan vital cuando está en juego la salud de una mujer.

–Los médicos piden la autorización de la Justicia y la Justicia insiste en que no se requiere autorización. ¿Cómo se puede resolver este círculo vicioso que muchas veces redunda en que el embarazo avance tanto que resulte riesgoso un aborto?

–Eso en Argentina se llama inseguridad jurídica. Cuando todo es discutible, cuando la Constitución dice que un presidente sólo puede gobernar dos períodos y después se discute cuáles son esos dos períodos, cuando un gobernador no sabe si le corresponde la reelección o no, entonces los médicos tienen un nivel de razonabilidad al exigir una autorización judicial, porque en el país hay jueces que una vez dicen una cosa y después dicen otra y en una tercera oportunidad vuelven a la posición inicial. Los médicos se juegan su matrícula y hasta su libertad. Cuando la Justicia no manda mensajes claros, empiezan a surgir estos problemas. Los médicos piden una garantía. Pero los que son dañados en todo esto son los pacientes. Es un caso similar al de los empresarios que piden seguridad jurídica. Nunca el texto constitucional es claro.