Después de varios meses y con casi todas las pruebas ya desplegadas sobre el escritorio del juez, la Oficina Anticorrupción (OA) finalmente se presentó como querellante en el caso Skanska. Pidió ser parte en el expediente que está en el juzgado federal de Guillermo Montenegro, el encargado de investigar posibles coimas y sobreprecios en la adjudicación de los gasoductos Norte y Sur. En un escrito al que tuvo acceso este diario, el organismo admite que en la adjudicación de ambos gasoductos puede haber “responsabilidades penales para funcionarios públicos” y solicita que se determine si se afectó “el erario público” para que, en ese caso, se proceda a recuperar el dinero.

La OA es el órgano encargado de investigar casos de corrupción en la administración pública y de controlar que todo funcionario declare cada año su patrimonio. Para presentarse en la causa Skanska, esperó a que ya hubiera llamados a indagatoria y dos funcionarios echados de sus puestos: Fulvio Madaro, del Enargas, y Néstor Ulloa, de Nación Fideicomisos.

“No podemos soslayar la circunstancia que, más allá de tratarse de una obra gerenciada por una empresa privada, Transportadora de Gas del Norte (TGN-Techint) y adjudicada a Skanska S.A., todo el proceso fue realizado bajo la supervisión del Enargas”, dice la presentación firmada por el titular de la OA, Abel Fleitas Ortiz de Rozas. “Diversos elementos de juicio –añade– hacen presumir que, si bien TGN adjudicó la obra a través de un proceso licitatorio, Skanska habría obtenido la adjudicación por un valor superior al real, lo que supondría un conjunto de complicidades en dicho procedimiento.”

A juzgar por el requerimiento del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, las responsabilidades también podrían tocar al secretario de Energía, Daniel Cameron, quien aún no fue citado a indagatoria, y la pesquisa debería extenderse a otras áreas del Ministerio de Planificación Federal.

La OA fundó su pedido para ser querellante en que el Estado argentino suscribe la Convención Interamericana contra la Corrupción y, por lo tanto, está obligado a investigar. Además, pide que sea devuelto el dinero eventualmente robado al Estado.