La Sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de cinco jefes y represores del centro clandestino Automotores Orletti. El tribunal consideró que había elementos suficientes para responsablizar a Raúl Antonio Guglielminetti, Rubén Visuara, Eduardo Rodolfo Cabanillas, Néstor Horacio Guillamondegui y Honorio Carlos Martínez Ruiz por las privaciones ilegales de la libertad y torturas de las personas que pasaron por el campo que regenteaba la SIDE y que fue la sede del Plan Cóndor en Buenos Aires. Entre los casos que se investigan en este expediente están los secuestros de los actores Luis Brandoni y Marta Bianchi y el asesinato de Marcelo Ariel Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.

“Esto corrobora el buen trabajo del juez. Durante años no se hizo nada por identificar a los autores de estos hechos. Es importante que ahora estén presos y hay que destacar que entre ellos hay una persona que fue general en actividad durante el gobierno de (Carlos) Menem”, señaló a Página/12 Marcelo Buigo, abogado de Gelman. Buigo se refería a Cabanillas, que fue relevado de su cargo como jefe del Segundo Cuerpo de Ejército luego de que el poeta lo denunciara y se pidiera su relevo porque durante el trámite de su ascenso no se había considerado que había sido jefe de un centro clandestino.

Los jueces Gabriel Cavallo y Eduardo Farah –Eduardo Freiler está excusado porque fue fiscal en la causa– señalaron en su resolución que ya no se discute la existencia de Automotores Orletti ni la “dependencia operacional” de ese lugar de la SIDE. El centro –que respondía a la sigla OT 18– estuvo a cargo de Cabanillas, que a su vez funcionaba bajo la órbita de la División de Operaciones Tácticas I (OT1), que comandaron Guillamondegui primero y luego Visuara.

Martínez Ruiz y Guglielminetti fueron dos agentes de inteligencia que actuaron como represores de Orletti. El segundo hizo carrera en democracia: fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín y se dedicó a los secuestros extorsivos. Durante la dictadura, actuó en, al menos, seis centros clandestinos.

En esta causa se investigan los secuestros y las torturas a las que fueron sometidas 65 personas, 32 de ellas de nacionalidad uruguaya. Entre esos casos hay seis homicidios documentados.

Visuara y Cabanillas fueron responsabilizados por los homicidios agravados de cinco personas cuyos restos fueron encontrados en octubre de 1976 dentro de tambores sellados rellenos con cal y cemento, que habían sido arrojados al río Luján. Entre las víctimas se encontraban Marcelo Gelman y Ana María Pérez, que estaba embarazada. Al procesar a estos represores, el juez Daniel Rafecas señaló: “El proceso de la deshumanización, que comenzaba con la captura y continuaba en el campo de detención y tortura, tuvo en estos casos un final que difícilmente pueda ser superado desde la perspectiva de la eliminación de todo vestigio de condición humana para con los cautivos: hay que caer en la cuenta de que personas con las que compartimos una misma cultura, una misma civilización, ejecutaron de un disparo en la cabeza a hombres y mujeres que estaban a su merced; luego se procuraron tambores, arena y cemento; luego, no sin esfuerzo, y seguramente de propia mano, colocaron los cadáveres en los tambores, los rellenaron, los sellaron, llevaron con sus brazos la carga de restos humanos hasta los camiones y finalmente arrojaron los tambores al río”.