Cuando los familiares de los rehenes de la guerrilla colombiana se enteraron de que Clara Rojas y Consuelo González habían sido liberadas, los invadió la emoción. A seis años de la última liberación de secuestrados por las FARC, muchos parientes de los rehenes depositaron sus renovadas esperanzas en el presidente venezolano Hugo Chávez y reconocieron el “gesto” unilateral de la insurgencia. También solicitaron la participación de comisiones internacionales, que el gobierno colombiano había criticado días atrás para luego avalarlas. No obstante, algunos familiares se mostraron angustiados. “Sí, había una salida. Nos genera una felicidad enorme, pero al mismo tiempo tristeza”, dijo entre lágrimas Fabiola Perdomo a Página/12. Su esposo era uno de los once diputados en manos de las FARC que fue asesinado en un hecho aún no esclarecido. Mientras tanto, la guerrilla mantiene al menos a 40 rehenes, entre ellos la colombiano-francesa Ingrid Betancourt y tres estadounidenses, que plantean canjear por 500 de sus prisioneros.

El grupo de “canjeables”, como lo denominan los rebeldes, lo integran nueve políticos, tres norteamericanos, 14 militares y al menos 19 policías. Con la liberación de las dos rehenes, la llama de la esperanza se ha vuelto a encender en los familiares. “Estoy muy emocionada por Clara y su hijo, esperamos que siga el proceso y haya nuevas liberaciones. La comunidad internacional debe seguir presionando para que se solucione esto”, dijo a la venezolana radio RCN Yolanda Pulecio, madre de Betancourt. Su hija fue secuestrada en el 2002 cuando se rompió el Proceso de Paz iniciado por el entonces presidente Andrés Pastrana, junto a Clara Rojas, que pudiendo haber escapado prefirió acompañar a Betancourt. “Estoy segura de que esto le dará esperanzas a Ingrid”, añadió Pulecio, para luego pedir, por enésima vez, la liberación de su hija.

Pese al intento fallido previo de liberación de las secuestradas organizado por Chávez a fines de diciembre, el líder venezolano sigue siendo el centro de la escena para muchos familiares. “Los esfuerzos humanitarios de Chávez y (Piedad) Córdoba han tenido un éxito total”, señaló Astrid Betancourt, la hermana de Ingrid. “Hay un clima de confianza que el gobierno colombiano no puede desconocer”, agregó.

Jo Rossano, madre de uno de los tres estadounidenses rehenes de las FARC, también celebró el acontecimiento. “Estoy encantada con la noticia, me puse a llorar a mares porque eso me da esperanza de volver a ver a mi hijo”, dijo la madre de Marc Gonsalves, que vio en la liberación de Rojas y González un “gesto de buena voluntad” de la guerrilla. Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, todos contratistas del Pentágono, fueron secuestrados por la insurgencia en febrero de 2003 después de que la avioneta cayera en una zona selvática del departamento sureño de Caquetá. Según las FARC, desde que Washington y Bogotá expandieron el Plan Colombia, el número de asesores militares estadounidenses y contratistas privados creció en la selva sudamericana.

En tanto, desde que el presidente de Colombia, Alvaro Uribe le quitó el papel de mediador en noviembre pasado, Chávez no ha hecho más que acrecentar su influencia entre los parientes de los rehenes. “Seguimos insistiendo a Uribe porque hay resultados con el presidente Chávez. Queremos que continúe y sea facilitador”, dijo a este diario Patricia Nieto, esposa del diputado provincial Sigifredo López. Su marido fue el único que sobrevivió a un confuso episodio en junio pasado en el que murieron once rehenes. Los once diputados del departamento de Valle, en el sudoeste de Colombia, habían sido capturados tras una acción comando de las FARC en 2002 en la sede de la asamblea. Sin embargo, en julio del año pasado la guerrilla anunció que los políticos murieron durante un intercambio de disparos con un grupo militar no identificado. Antes de que se realizaran los peritajes, una vez devueltos los cuerpos por la guerrilla, el gobierno acusó a las FARC y defendió al ejército.

La comunidad internacional fue otro actor que despertó interés en los familiares. “No queremos medios militares, la comisión internacional debe estar participando de este proceso”, señaló Nieto. Asimismo Fabiola Perdomo, esposa del diputado secuestrado y asesinado Juan Carlos Narváez, hizo un llamado a los pueblos latinoamericanos y criticó la salida militar. “Los rescates militares empeoran. Sólo la acción humanitaria es necesaria”, dijo a Página/12 quien fuera vocera de los familiares de los diputados secuestrados. “Si va a haber negociación, tiene que haber un despeje en cualquier parte, donde se puedan sentar las partes”, añadió.

Informe: Juan Manuel Barca.