La denuncia que el abogado José Deguisa presentó ayer ante la Justicia para que investigue como crimen de lesa humanidad los bombardeos de junio de 1955 sobre Plaza de Mayo sostiene que tenían como propósito “matar a la mayor cantidad posible de personas civiles” con el “objetivo político de quebrantar la voluntad de lucha o resistencia del presidente (Juan Domingo Perón) y de su base social, el peronismo”. La investigación quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal del caso será Luis Comparatore. En su presentación judicial, Deguisa definió los bombardeos como crímenes de lesa humanidad –por ende imprescriptibles– y afirmó que fueron “asesinatos dolosos e indiscriminados” que “repugnan al derecho internacional y al derecho de gentes” que “ha reaccionado contra las aberraciones genocidas o los crímenes de guerra”. El letrado reclamó que se enjuiciara a “todos aquellos autores supérstites a la fecha (que aún permanecen vivos) de la Armada de la República Argentina y de la Fuerza Aérea” que bombardearon “la Plaza de Mayo y otros objetivos dentro de la Ciudad de Buenos Aires”.