La Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires quedó “en el marco de las promesas incumplidas”, según un documento del Consejo General de Salud Mental, que reúne a numerosas instituciones. La entidad de entidades sostiene que en los neuropsiquiátricos se destinan “millones de pesos para construir “jaulas de oro” que “cristalizan la cronificación de los pacientes en un dispositivo asilar y custodial”. El documento pide que “en los hospitales generales se habiliten camas y guardias de salud mental” y que “se implementen casas de medio camino en el más breve plazo”; y destaca “la grave situación del Hospital Moyano”. La Confederación “peticiona al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, y al ministro de Salud, Alberto de Micheli, que de una vez por todas den cumplimiento a la Ley de Salud Mental” y reclama la intervención del Ministerio de Derechos Humanos, ya que “gran cantidad de pacientes están en condiciones de ser externados”.

La presentación está suscripta por la Asociación de Psicólogos, las asociaciones psicoanalíticas APA, APdeBA y EFBA, las asociaciones de Musicoterapeutas, de Terapistas Ocupacionales y de Psicopedagogos y otras entidades. En cambio, no lo suscriben la Asociación Médica Argentina, la Asociación de Médicos Municipales, la Asociación de Psiquiatras Argentinos ni la Asociación Argentina de Psiquiatría.

El documento recuerda que “el 27 de julio se cumplirán seis años de la sanción de la Ley 448 de Salud Mental” y señala que “no se ha consumado su cumplimiento progresivo”, por lo cual “las transformaciones han quedado en el marco de las promesas incumplidas”.

El Consejo recuerda que en mayo de 2005 se declaró la emergencia en Salud Mental, aún en vigencia, cuando “los acontecimientos en el Hospital Moyano pusieron de manifiesto graves problemas en los hospitales monovalentes (Borda, Moyano, Tobar García, Alvear), que cristalizan un dispositivo asilar y custodial”.

También critica “la decisión inconsulta de destinar 40 millones de pesos para la remodelación de dichos hospitales. El resultado es la reinauguración de pabellones puestos a nuevo, consolidándose el perfil ‘internista’, en desmedro del pasaje hacia una atención ambulatoria y en la comunidad: se están construyendo ‘jaulas de oro’. La conjunción de intereses entre quienes resisten las reformas, la voracidad de las constructoras y los funcionarios contraría la Ley de Salud Mental”.

Las entidades recuerdan que en setiembre de 2005 el entonces secretario de Salud, Donato Spaccavento, “estableció como prioridad resolver la violación de derechos humanos de los internados en los neuropsiquiátricos”, por lo cual “decretó la intervención del Moyano, desplazando a su cuestionado director”, Néstor Marchant. Se dispuso transferir los neuropsiquiátricos a la Dirección General de Salud Mental, de la cual –aunque parezca extraño– no dependían hasta entonces; pero esto quedó sin efecto: “No podrá cumplirse con la ley si la política se acuerda con asociaciones profesionales y gremiales que sólo se preocupan por mezquinos intereses”.

Por todo ello, el Consejo General de Salud Mental “peticiona al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, y al ministro de Salud, Alberto de Micheli, la firme decisión política de llevar a cabo las acciones que, de una vez por todas, den cumplimiento a los lineamientos establecidos para la Salud Mental en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Los requerimientos incluyen “asignar los recursos teniendo en cuenta la transformación del sistema hospitalocéntrico actual hacia la desinstitucionalización, en referencia a los mecanismos asilares y de cronificación de los hospitales monovalentes”; “habilitar camas de internación en los hospitales generales para el corto plazo”; “establecer guardias de salud mental en todos los hospitales generales, con equipo base de salud mental (enfermero especializado, trabajador social, psiquiatra, psicólogo)”; “articular prestaciones en los hospitales de día, completando dotaciones de profesionales (terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos), y crear hospitales de día en otros efectores”; “implementar las casas de medio camino en el más breve plazo, con evaluación de los pacientes en condiciones de ser externados”; “ratificar las acciones definidas por el Gobierno de la Ciudad y la Justicia para la grave situación del Hospital Moyano”; “determinar la cantidad de pacientes derivadas del Moyano a clínicas particulares, costo por cama y tiempo del reingreso, control, seguimiento y evaluación de las pacientes”.

El Consejo solicitó “al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales que de manera inmediata se lleven a cabo las acciones necesarias para la reinserción social de las personas asistidas”, ya que “una gran cantidad de pacientes internados están en condiciones de ser externados”.