Un defensor oficial comenzará a ser juzgado desde hoy en un juicio oral y público por el presunto delito de calumnias e injurias, un hecho sin precedentes en la historia judicial del país. Se trata de Hilario Lagos, quien en marzo de 2004 se preguntó retóricamente en una carta de lectores publicada en una revista judicial si los entonces magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 30 “carecían de sentido común o ignoraban el derecho”. La carta motivó la querella de todos los integrantes del tribunal. “No cometí ningún delito, sólo di mi parecer sobre un fallo. Me amparé en la libertad de prensa, que no es sólo de los periodistas, sino de todos los ciudadanos”, sostuvo en diálogo con PáginaI12 Lagos, titular de la Defensoría Pública Oficial ante el TOC 1.

La demanda fue promovida por los jueces René Morales Penelas, Silvia Mora y Oscar Garzón Funes, del TOC 30, que condenó en 2004 por el crimen de un niño de tres años al padrastro, pero también a la madre del pequeño por abandono de persona (en el momento en que su concubino asesinó al chico, ella se hallaba en el trabajo). “Todo esto comenzó siete años antes de que me querellaran. Y está relacionado con las denuncias que realizaba contra mi jefe, el defensor general (Miguel Angel) Romero, por falta de idoneidad, abuso de poder, irregularidades en la administración. Creo que él les dijo a esos jueces que me demandaran”, comentó Lagos. “Antes de la demanda, ellos me denunciaron por insano y se excusaron de todas las causas en la que yo estaba, porque dijeron que yo era enemigo del tribunal”, recordó Lagos.

El defensor oficial cuestionó en la carta a los entonces miembros del Tribunal Oral 30 –de los tres, queda Morales Penelas– por la actitud que tuvieron a lo largo del juicio en el que resultaron condenados el padrastro y la madre de un niño de tres años, asesinado por el hombre. En la carta de lectores –publicada en la revista Foja Cero, que se distribuye gratuitamente en Tribunales–, el defensor oficial denunció que en el desarrollo de ese debate, en el que él representaba a la madre de la víctima, el tribunal sostuvo “que una audiencia de juicio oral y público es válida sin abogado defensor en la sala”, e interrogó “a un testigo sobre su signo zodiacal”.

“Si bien todo el proceso fue anulado por la Cámara de Casación, se mantuvo este insólito tribunal en la causa que derivó en una injusta condena. (...) Esto llevó a que dos distinguidos defensores oficiales solicitaron que se denunciara a los jueces de ese tribunal ante el Consejo de la Magistratura”, finalizaba la carta. El juicio terminó en condenas, pero fue anulado por la Cámara Nacional de Casación Penal.

La reacción de los tres magistrados aludidos fue inmediata y consistió en una denuncia contra lagos por el delito de “calumnias e injurias”. El funcionario público, asistido por su colega Cecilia Mage, de la Defensoría Pública Oficial 4, insistió en la inexistencia de un delito y se amparó en el ejercicio del derecho a la libre expresión.

El litigio, según el defensor acusado, habría incluido una consulta por parte de los miembros del TOC 30 a un psicólogo para que determinar si Lagos se encontraba o no en uso de sus facultades mentales. “Es común enviar cartas de lectores, así que no entiendo la demanda, y además no hay antecedentes al respecto de que un tribunal querelle a un defensor por emitir una opinión”, comentó Lagos.

El juicio, que continuará el jueves, el próximo martes y finalizará el jueves 10 de julio, se llevará adelante en el Juzgado Correccional 4, ubicado en Juncal 941, 2º piso, de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Francisco Ponte. Si el tribunal condena al defensor oficial podría recibir una pena de un año prisión en suspenso. “No sé si voy a poder seguir siendo defensor oficial si soy condenado, nunca lo pensé”, dijo.

Informe: Esteban Vera.