El juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo ordenó intervenir por sesenta días el parador de Retiro para personas sin techo, dependiente del gobierno porteño, luego de constatar en el lugar un estado de extremo abandono: había una epidemia de sarna por falta de limpieza, una plaga de ratas provocó que un indigente fuera hospitalizado y no contaba con las condiciones mínimas de higiene ni de seguridad en caso de un incendio. El magistrado dispuso que se reintegre a un médico que fue testigo en esta causa y que ayer fue separado de su cargo por la gestión PRO. Ante la consulta de PáginaI12, en el gobierno que conduce el jefe Mauricio Macri prefirieron no dar explicaciones sobre las irregularidades.

El pedido de amparo que recibió Gallardo surgió de una denuncia que presentaron veintitrés personas sin techo que asisten al parador ante el defensor oficial Fernando Lodeiro Martínez. Relataron que allí dormían en condiciones infrahumanas y que los coordinadores les aplicaban castigos (por ejemplo, impedirles entrar por tres días). El defensor hizo dos inspecciones al parador de Retiro junto con funcionarios de la Defensoría del Pueblo y representantes del CELS. “Encontramos no sólo que eran ciertas las denuncias, sino que era mucho peor. No había gas, no había agua ni calefacción, con lo cual la situación era caótica”, relató Lodeiro Martínez a este diario.

Al parador de Retiro concurren diariamente 160 personas sin techo, que duermen, se asean y reciben un desayuno. “El baño estaba parcialmente inundado y había materia fecal donde se bañan. Los mingitorios están mezclados con las duchas. Según los informes del propio gobierno, se limpia una sola vez por día”, describió el defensor público, quien también detectó “prepotencia por parte del personal con la gente que hacía la denuncia. Les dijeron que no van a poder entrar más. Estamos hablando de gente desamparada”.

El CELS, la Defensoría del Pueblo y el defensor oficial presentaron un pedido de amparo ante el juez Gallardo, quien hizo una inspección ocular el miércoles. Allí verificó que el baño tenía todos los inodoros tapados –inclusive el de discapacitados– y que se bañaban y hacían sus necesidades en el mismo lugar. El juez también comprobó que la mitad de los matafuegos estaban en un lugar cerrado con candado y que la puerta de salida para incendios estaba inutilizada. No tenía ni la barra antipánico.

El libro de quejas desapareció misteriosamente durante la inspección.

Gallardo también verificó dos casos de mordeduras de ratas de un tamaño considerable. En uno de ellos, el roedor le sacó un pedazo de piel de la mano y el afectado terminó internado en el Hospital Fernández. David Huanambal Jiménez, el único psiquiatra que trabaja en un lugar por el que pasan a diario 160 personas, contó al juez que hay una epidemia de sarna y que pidió cientos de veces que se higienicen los colchones con lavandina para evitar el contagio. Les pasó un algodón con alcohol a los cobertores de los colchones para que vieran que no se limpiaban nunca. Gallardo constató múltiples casos de sarna entre la gente que va a dormir allí y encontró el botiquín de primeros auxilios desprovisto de los insumos más básicos.

PáginaI12 se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Social porteño –del que depende el parador de Retiro–, pero la ministra María Eugenia Vidal no quiso dar explicaciones sobre ninguna de las irregularidades. En su entorno tampoco brindaron los motivos por los que separaron del cargo al psiquiatra que testificó ante la Justicia. Huanambal Jiménez relató que fue a trabajar ayer y que el coordinador del parador, de apellido Marranti, le dijo que tenía órdenes de no dejarlo entrar. Y que también tenía instrucciones de llamar a la policía si no se iba. Tal vez hablar con la Justicia no era PRO.

Gallardo intimó al gobierno porteño a restituir en el cargo al psiquiatra, además de designar a otro médico y a dos enfermeros en un plazo de dos días. También a desinfectar y desratizar el parador en el mismo tiempo. Dispuso una inspección de bomberos para ver si cumple con las condiciones mínimas de seguridad en caso de un incendio. Además, reclamó el libro de quejas que desapareció durante la inspección judicial. Y designó un interventor que deberá informar de los progresos.

El juez le dio al gobierno porteño un plazo de 45 días para que haga refacciones. “Deberá notificarse bajo apercibimiento de clausura”, les advirtió el magistrado. Además, intimó a la gestión PRO para que les dé una dieta adecuada a los indigentes según sus patologías y que reciban la debida atención médica los que tengan VIH. Desde la procuración porteña, se limitaron a anunciar que apelarán el fallo.