“Cada vez que le mejoramos la propuesta te corren el arco. Siguen haciendo lo que hicieron a lo largo del conflicto. Así no se puede”, se quejaba anoche un alto funcionario, que pese a todo no daba por agotadas las tratativas de último momento para poder alcanzar un mayor nivel de consenso que le dé el valor agregado que necesita el proyecto del oficialismo sobre retenciones móviles.

No sólo legisladores kirchneristas y ministros estuvieron trabajando en el tema. También oficiaron como mediadores algunos diputados aliados, como el socialista Ariel Basteiro, y otros que no lo son, como Eduardo Macaluse y Carlos Raimundi y Claudio Lozano. El objetivo es que la Federación Agraria acepte algunas de las fórmulas de consenso que plantea el oficialismo para que así firmen también el dictamen por la mayoría los diputados del bloque SI, algunos de centroizquierda e, incluso, el socialismo no kirchnerista.

Desde que Cristina Fernández de Kirchner envió el proyecto al Congreso, el oficialismo fue agregando cada vez más beneficios para los pequeños y medianos productores y trató de disipar la idea la aprobación a “libro cerrado”. La impresión oficial es que al presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, siempre le pareció insuficiente cada agregado que se le hizo a la iniciativa.

En el oficialismo siempre evaluaron que era una estrategia con cierta lógica: pedir todo lo posible de máxima para que al promediar las diferencias, como en toda negociación, llevarse una mayor tajada. Pero anoche ya no creían ni siquiera eso. Una de las pruebas del escepticismo reinante fue respecto a uno de los cambios que propuso el oficialismo para que nada menos que el 80 por ciento de los productores –es decir que incluía a todos los afiliados de la Federación Agraria– siguieran pagando el 35 por ciento de retenciones como antes de la resolución 125 del 10 de marzo, ya que el excedente se les devolvería en un plazo no mayor de 30 días. La medida incluida en el proyecto era elevar a 750 toneladas de soja cosechada como tope a partir del cual deberían pagar las retenciones móviles. Buzzi no lo aceptó. Al oficialismo le llegó una contraoferta de que el tope fuesen mil toneladas. Después de muchos esfuerzos para convencer a los más firmes defensores de que el proyecto original no debía tocarse, aceptaron esa propuesta pese a tener la sensación de que los estaban extorsionando. Se quedaron helados cuando a la vuelta de correo se encontraron con que ahora la exigencia había trepado a 1500 toneladas.

Entonces el oficialismo pareció decir basta y se decidió a llevar al recinto el proyecto oficial con las modificaciones acordadas dentro del bloque. Aun así esperaban un cambio de último momento en la posición de Buzzi, ya que las posturas de la Sociedad Rural y sobre todo de CRA, naturalmente serían irreductibles.

Si el proyecto se aprueba en Diputados –cosa que dan por hecho en el Gobierno aunque saben que no le sobrarán muchos votos–, pasará al Senado, donde el oficialismo está más cómodo para convertirla en ley. A partir de ahí esperarán la reacción de las cámaras agropecuarias. “No creo que vuelvan a las rutas. No podrán decir que en el Congreso no hicimos todo lo posible para beneficiar a los pequeños y medianos productores. Además ellos pedían que el tema lo tratara el Congreso. No podrán patalear y si lo hacen tendrán que afrontar esa gran contradicción”, decía anoche a PáginaI12 uno de los principales diputados kirchneristas. Hoy se sabrá si prosperó alguna gestión de último hora o si las cartas están echadas.