“Lo que no está en los medios, no está en el foro público. Un juez que no administra justicia adelante del público no administra justicia”, afirmó Leopoldo Schiffrin, presidente de la Cámara Federal de La Plata. “La difusión no es opcional: es una obligación constitucional”, agregó Carlos Rozansky, del Tribunal Oral Federal 1 platense. Ambos cuestionaron así la prohibición del Tribunal Oral Federal 5 porteño para que los reporteros gráficos puedan cubrir las audiencias de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Los magistrados cerraron ayer, ante doscientas personas que colmaron la sala Piazzolla del Teatro Argentino, el encuentro abierto “Archivo de la represión y juicios por delitos de lesa humanidad”, que organizó la Comisión Provincial por la Memoria.

Con el fin de reflexionar sobre las causas por crímenes de la dictadura y el valor de los archivos recuperados, la Comisión reunió durante dos días a representantes de juzgados, fiscalías, secretarías de derechos humanos y querellantes de todo el país. El martes el fiscal Juan Murray y el juez Mario Portela explicaron la importancia de los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dipba) en las causas Cambiasso-Pereira Rossi y CNU de Mar del Plata respectivamente. Luego tres mesas de trabajo intercambiaron experiencias sobre accesibilidad de archivos, su uso en las causas y los desafíos de los juicios en curso.

Ayer a primera hora disertaron los paraguayos Luis María Benítez Riera y Rosa Palau, director y coordinadora del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, el “archivo del terror” de la policía de Alfredo Stroessner que nutrió de información sobre el Plan Cóndor a tribunales de todo el Cono Sur. Luego, Gustavo Meoño, a cargo del archivo de la ex Policía Nacional de Guatemala, detalló el trabajo diario e incansable de 165 jóvenes guatemaltecos, en un contexto “de total impunidad”, para procesar millones de documentos recuperados en 2005.

“Los juicios siempre fueron contra la corriente, contra el poder de los sectores sociales y económicos que alentaron la masacre”, explicó Schiffrin en la mesa de cierre. El presidente del tribunal que desde 1998 recibió más de mil testimonios en el Juicio por la Verdad destacó la necesidad de “desterrar la idea de plazos, que anula toda posibilidad de justicia”. Desmenuzó la situación local, distinguió “zonas y ciclos” represivos y afirmó que “es imposible seguir con los juicios de forma fragmentada”. Calificó el juicio al general Menéndez en Córdoba como “un acontecimiento histórico” y lamentó que “casi no hay presencia mediática”.

Rozansky citó a “El señor Galíndez”, torturador en un obra de Eduardo Pavlovsky: “Por cada uno que tocamos, mil quedan paralizados de miedo”. Entre los “efectos de esa irradiación” incluyó la impunidad, la pérdida de empatía y de sensibilidad ante la injusticia. Admitió que “la estructura de la Justicia no está preparada” para afrontar los juicios y consideró “gravísima” la incapacidad del Estado “para prever y luego esclarecer” la desaparición de Julio López. “¿Se puede ser medianamente feliz luego de tanto horror?”, planteó. “Sólo si se dan cuatro requisitos: conocer la verdad, hacer justicia, reparar y tener memoria”, fue su respuesta.

En base al comentario de Schi-ffrin sobre la cobertura mediática de los juicios, PáginaI12 le preguntó si existe algún argumento serio para que un tribunal impida difundir audios e imágenes de las audiencias, tal como lo hace TOF-5. “Ninguno”, dijo. “La magistratura federal no está preparada para ninguna acción que implique un compromiso, ni siquiera en favor de la derecha. Como dijo (el fiscal general de Bahía Blanca y presidente de la Comisión por la Memoria) Hugo Cañón, es una estructura burocrática donde no tener opinión es la mejor opción para hacer carrera. La burocracia judicial, que es de las más asentadas, se funda en eludir el compromiso. Opta porque los asuntos no aparezcan. Lo que no está en los medios no está en el foro público. Un juez que no administra justicia adelante del público no administra justicia”, concluyó. Rozansky coincidió: “La difusión no es opcional, es una obligación constitucional”.