Sin que hasta el cierre de esta edición se hayan volado todos los puentes de negociación, el kirchnerismo decidió que ya es tiempo de confrontar los proyectos en el recinto. La cita es para hoy a las 10 en una sesión especial a la que el oficialismo llevará sus propuestas sobre las retenciones móviles, ley de arrendamiento y emergencia agropecuaria. El dictamen del bloque K ratifica la movilidad y las alícuotas que fijó la resolución 125 pero introdujo otros 18 artículos que plantean facilitar un sistema de reintegros para pequeños y medianos productores en 30 días, con un tope de 750 toneladas para la soja y el girasol y que regirá hasta el 31 de octubre de 2008. Los diputados kirchneristas aseguran que tienen los votos para aprobar el proyecto. La UCR, la CC, el PRO y el socialismo, en tanto, suman 87 diputados a favor de la suspensión por 150 días de la resolución 125. Los ex aristas del SI, Claudio Lozano de Proyecto Sur y hasta el oficialista crítico Felipe Solá también tendrán sus propias propuestas.

El plenario de las comisiones legislativas de Agricultura y Presupuesto estaba citado para las 10, pero tras varias postergaciones su presidente, Alberto Cantero, reabrió el debate pasadas las 17. La secretaria del bloque kirchnerista, Patricia Fadel, fue la encargada de leer el proyecto –que luego sería el dictamen de mayoría–, mientras todavía se imprimía el texto final para repartirlo en su propia tropa.

El proyecto oficial no avanzó en otras modificaciones fuera de las que había enunciado Agustín Rossi tras la reunión del bloque kirchnerista el martes por la noche. Ratifica la resolución 125 y sus modificatorias, respalda las facultades del Ejecutivo, de acuerdo con el Código Aduanero, para fijar los derechos de exportación y la creación de un Fondo de Redistribución Social con los recursos que se recauden por encima del 35 por ciento de las retenciones a las exportaciones.

Fadel detalló los 18 artículos que se sumaron al texto inicial para facilitar los reintegros a los pequeños y medianos productores. La segmentación se hará de acuerdo a la producción, la superficie explotada y su lugar de ubicación. El tope se fijará en las 750 toneladas para la soja y el girasol, mientras que también habrá una diferencia según la extensión de las tierras cultivadas. Se incluirán a aquellos productores hasta 350 hectáreas en el norte del país, y el norte de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Mientras que en la pampa húmeda –Buenos Aires, Córdoba, el resto de Santa Fe y Entre Ríos– llegará a 150 hectáreas.

Quienes cumplan estos requisitos recibirán el reintegro de la diferencia entre el 35 por ciento y el porcentaje de la retención móvil al momento de la exportación en un plazo de 30 días hábiles.

Por la mañana, el oficialismo mantenía varios canales de negociación abiertos con los partidos opositores y las entidades ruralistas. Uno de ellos fue el que surgió entre el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, con Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, a través del diputado y economista de la CTA, Claudio Lozano. Tras varios llamados telefónicos sin resultados, los contactos se espaciaron y hasta última hora seguía abierto, aunque las chances de arribar a un acuerdo estaban muy lejanas.

Las exigencias de la FAA iban mucho más allá de los que estaba dispuesto a ceder el Gobierno. Buzzi no quería reintegros, sino directamente que no hubiera aumentos mayores al 35 por ciento para los pequeños y medianos productores, con un tope de producción de 3000 toneladas. Además pedía regímenes especiales para el maíz y el trigo.

Sin nuevos cambios ni respuestas a los reclamos opositores y de los oficialistas díscolos, el kirchnerismo deberá garantizar su propia tropa y la de sus aliados para garantizar el quórum (129 diputados) primero, y los votos necesarios para aprobar su proyecto, después. Una cuenta que el oficialismo repasó varias veces y se muestra confiado en alcanzar.

La oposición ratificó su postura. Los bloques que encabezan radicales, cívicos, macristas y socialistas encolumnaron a 87 diputados detrás de la suspensión de la resolución 125. También piden mantener las retenciones en un piso del 35 por ciento y una segmentación con valores menores y topes altos en los volúmenes de producción.

Los ex aristas de SI bufaban contra las voces oficialistas que los contaban entre los aliados seguros. “No vamos a modificar nuestra postura ni canjear nuestro voto por la ley de arrendamientos (que surgió de su propio bloque), como se dijo por ahí”, sentenció Carlos Raimundi, encargado de exponer la postura ante el plenario. Raimundi ratificó la posición a favor de las retenciones, pero criticó duramente los “errores” del oficialismo que terminaron “cerrando la posibilidad de lograr consenso”. Por eso pidió que se armara una mesa para cotejar los distintos proyectos donde “las diferencias técnicas son menores que las políticas”.

En medio de versiones cruzadas sobre la actitud que tomaría la FAA, Mario Llambías (CRA) y Luciano Miguens (SRA) intentaron llegar sin suerte a la sala del plenario. No le permitieron la entrada. Los dos fueron hasta el bloque de la UCR, desde donde siguieron el debate a través de Internet.

Justo en ese momento tenía la palabra el díscolo Felipe Solá, quien se calificó como “divergente” y presentó un proyecto propio –con el acompañamiento de la radical K Laura Montero y otros peronistas disidentes–, que modifica la curva de las retenciones móviles. Pero defendió la facultad del Gobierno de fijar los derechos de exportación y criticó los escraches de los ruralistas.

Al cierre de esta edición, se habrían presentados siete dictámenes: el oficialista, el interbloque opositor, el de Solá, el que preparaba el SI, el de Lozano y el del duhaldista Jorge Sarghini. Pasadas las 23, el plenario de las comisiones pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10, lo que retrasaría la sesión especial. En el recinto se tratará el proyecto de la mayoría. La única forma que se habilitaría el debate sobre los dictámenes opositores es que el kirchnerismo fracase en su ratificación del proyecto del Gobierno.