Por primera vez, el Plan Remediar –que provee medicamentos para 14 millones de argentinos– comprará fármacos en laboratorios públicos: se anunció que un laboratorio de Santa Fe proveería el antibiótico cefalexina y uno de Formosa entregaría aspirina para niños. Las adquisiciones se enmarcan en el Programa para la Producción Pública de Medicamentos, anunciado en abril por la ministra Graciela Ocaña. Es cierto que decir que ningún laboratorio privado presentó oferta para los remedios en cuestión deja todavía en un futuro potencial el punto crítico del programa: aquel en el que un laboratorio público, por sus menores costos, le quite el negocio a uno privado. Para que ese escenario pueda construirse, el Estado debe invertir a fin de que los laboratorios públicos (o algunos de ellos, y esto es tema de debate) se adecuen a los requisitos de la Anmat. Según la Red Nacional de Laboratorios Públicos Productores de Medicamentos, es necesario que el programa se apruebe por ley y que cuente con presupuesto propio. La producción pública no sólo serviría para que el Estado ahorrara en sus compras: también permitiría, según un funcionario de la Superintendencia de Obras Sociales, “generar precios testigo para cada medicamento, ya que hoy los laboratorios privados acuerdan los precios”.

“Desde el Plan Remediar, y especialmente para fármacos en los que no había ofertas de laboratorios privados, vimos la posibilidad de cubrirlos mediante laboratorios públicos, a partir de la creación del Programa para la Producción Pública de Medicamentos: estamos en tratativas avanzadas con el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, para proveer el antibiótico cefalexina, y con el Laboratorio Formoseño de Medicamentos (Laformed) para proveer aspirina infantil”, contó Francisco Leone, titular del Plan Remediar, y comentó que “los laboratorios públicos pueden cumplir el rol de cubrir espacios no cubiertos por el mercado”.

–¿Por qué sólo espacios no cubiertos por el mercado? –preguntó PáginaI12.

–Tratamos de ir de a poco –contestó Leone–. Lo primero es que los laboratorios públicos puedan ofrecer productos con certificación de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica). Pero la idea es, progresivamente, ver la posibilidad de que los laboratorios públicos tengan mayor grado de participación.

El Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos se puso en marcha hace más de dos meses por la resolución que firmó Graciela Ocaña, ministra de Salud de la Nación. Se asienta en la existencia de la Red Nacional de Laboratorios Públicos Productores de Medicamentos, que agrupa a 21 entidades. El total de laboratorios públicos, incluyendo los instalados en hospitales, supera los 40.

“El primer objetivo es consolidar los laboratorios públicos que ya existen de acuerdo con el marco regulatorio en vigencia”, señaló Jorge Zarzur, titular del programa. Ese marco regulatorio consiste esencialmente en que “la planta y los productos estén aprobados por la Anmat”. La autorización de este organismo fiscalizador es la que se requiere a todo laboratorio farmacológico, público o privado, para que sus productos puedan circular más allá de su provincia de origen. Además, para cada nuevo fármaco que elabore, el laboratorio debe tramitar la aprobación de la Anmat.

“Hay siete laboratorios que ya cuentan con aprobación de la Anmat. Otros atienden necesidades regionales y algunos se limitan a atender a un hospital: no tendría sentido procurar para ellos la certificación Anmat, aunque sí acompañarlos para buscar la mejor eficacia”, afirmó Zarzur, y sostuvo que “esos siete u ocho laboratorios conforman un núcleo para comenzar a proveer a programas del Estado como el Remediar”.

–¿Alcanzaría con siete u ocho laboratorios públicos?

–Sí, para proveer los medicamentos de Remediar, al menos en parte –contestó Zarzur, y observó que “en Brasil, donde este tipo de producción está muy desarrollada, existen unos 20 laboratorios públicos, pero sólo cuatro proveen al programa más importante del Estado”.

Zarzur advirtió que “estamos en una primera etapa, que consiste en relevar, por una parte, las capacidades y necesidades de los laboratorios; por otra, las necesidades de medicamentos a cubrir; a partir de esto habrá que ver el nivel de inversión necesario”.

–Un desarrollo de los laboratorios públicos que los pusiera en condiciones de proveer al Estado, ¿no generaría resistencia de la industria farmacéutica privada?

–Ese desarrollo no sería “en lugar de” los privados, sino “además de” la industria privada –contestó Zarzur–: el mercado es grande, hay un mercado público y un mercado privado, y los laboratorios privados tiene un ámbito que atender.

Claudio Capuano –coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA y uno de los referentes de la Red Nacional de Laboratorios Públicos– sostuvo, en cambio, que “contar con sólo siete u ocho laboratorios con autorización de la Anmat es insuficiente”, y explicó: “El concepto es el trabajo en red: supongamos que en el sur del país se presenta una alta incidencia de neumonía y los antibióticos adecuados se elaboran en otra parte del país: es necesaria la certificación Anmat para que los medicamentos puedan ser trasladados”.

“Además –dijo Capuano–, supongamos que a un laboratorio, por ejemplo el de Rosario, le encargan millones de unidades de un medicamento para el Plan Remediar: el laboratorio está en condiciones de hacerlo, pero para eso tiene que postergar su producción habitual, destinada a su propia región: tiene que funcionar una red con autorización Anmat para que otro laboratorio pueda proveer esos medicamentos.”

Para el referente de la Red, “el programa debería establecerse por ley nacional: es lo único que permitiría garantizar su continuidad más allá del ministro de turno; y, por ley, debería contar con presupuesto propio: ya el solo hecho de poner a los laboratorios públicos en condiciones Anmat cuesta dinero: no mucho, pero cuesta”, advirtió Capuano, y sostuvo que “en contrapartida, los laboratorios públicos pueden bajar sensiblemente los gastos en medicamentos, porque sus costos son mucho más bajos que los de la empresa privada: pensemos que las compras de medicamentos por el Estado llegan a los mil millones de dólares por año, tomando los presupuestos nacional, provinciales, municipales y el PAMI”.

Martín Isturiz –del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, que impulsa el desarrollo de los laboratorios públicos– destacó que, “además de defender la soberanía en el área de medicamentos, los laboratorios deben plantearse, no sólo como productores, sino como unidades de investigación y docencia, con el soporte del INTI: de este modo, su desarrollo implicaría expandir el sistema de ciencia y técnica para retener los recursos humanos que hoy todavía se dilapidan, por la emigración de profesionales”.