Las víctimas de la explotación laboral o sexual que logren escapar o ser rescatadas de las redes de trata de personas deberán ser asistidas integralmente por el gobierno porteño, según establece una ley sancionada ayer en la Legislatura. Además, la norma exige que las autoridades “generen mecanismos tendientes a favorecer la detección de casos de trata de personas que pudieran tener lugar en la ciudad de Buenos Aires así como la identificación fehaciente de éstas y grupos familiares afectados”.

El proyecto, impulsado por la legisladora Verónica Gómez, del Partido Socialista, circulaba desde 2005, luego del incendio en un taller textil clandestino en Caballito, donde murieron cinco niños y un adulto. Fue redactado con ayuda de funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones y la Defensoría del Pueblo. Pero perdió estado parlamentario ya que no tuvo el respaldo de los diputados del macrismo.

En los fundamentos del proyecto, la diputada Gómez recuerda que cuando ocurrió la tragedia en el taller de la calle Luis Viale, “trabajaban y vivían más de 60 personas en condiciones deplorables, y mientras en la planta baja los costureros operaban desde la madrugada hasta la medianoche, los niños permanecían encerrados en la planta alta para no obstaculizar la producción”. Ayer, y luego de dos años, a este proyecto, que tuvo pronto despacho en la Comisión de Derechos Humanos, sólo le faltaba determinar cuál es la autoridad de aplicación. Una decisión que deberá tomar el Ejecutivo porteño, aunque en el proyecto se atribuye la tarea al Ministerio de Desarrollo Social.

En el segundo artículo de la norma, denominada Ley integral de asistencia a las víctimas de trata, se indican las acciones a realizar para cumplir la norma. En principio, “brindar la asistencia médica y psicológica y el patrocinio jurídico adecuados a la víctima de trata de personas y en particular, en oportunidad de realizar todas las tramitaciones policiales y/o judiciales que pudieran corresponder; y generar mecanismos eficaces de protección y refugio contra eventuales actos de represalia e intimidación, a favor de los víctimas de situaciones de trata de personas y sus familias”.

El gobierno de la ciudad también tendrá que brindar asistencia médica, psicológica y jurídica a las víctimas y cooperar “para la obtención gratuita y con carácter de urgente de la documentación necesaria a efectos de regularizar la situación migratoria de las personas extranjeras afectadas” y darles alojamiento, de inmediato, durante el “período en que permanezcan en situación de vulnerabilidad”. Por otro lado, deberá promover y desarrollar emprendimientos productivos, “de modo de incorporar a las víctimas al empleo formal y generar fuentes genuinas de recursos económicos que garanticen su subsistencia”.

De acuerdo con los datos brindados por la Cooperativa La Alameda, que impulsa denuncias contra talleres que emplean mano de obra en condiciones de servidumbre, “en la ciudad de Buenos Aires aún existen más de 25.000 costureros trabajando en las mismas condiciones que el taller incendiado y otros 150.000 en la provincia de Buenos Aires”. En la cooperativa textil deslizaron su teoría sobre “el despertar” de muchos de los legisladores que habían dejado el tema fuera de la agenda parlamentaria. “Los medios volvieron a instalar fuertemente el tema de la trata; el Poder Ejecutivo nacional impulsó un proyecto de ley de trata; la Iglesia hace tres meses se viene despachando con homilías sobre el punto y el tema de los talleres y los prostíbulos sigue estando en la agenda pública en forma dramática”, evaluó Gustavo Vera, referente de esa cooperativa.

En los fundamentos de la ley también aparecen críticas al sistema de inspecciones de la ciudad, porque “están limitadas por las restricciones que se aplican en relación con el ejercicio del poder de policía en materia de trabajo domiciliario y por el hecho de que los talleristas desarrollan mecanismos destinados a burlar las inspecciones diferenciando la vivienda de los talleres o haciéndolos pasar por emprendimientos familiares”.

La idea de asistir integralmente a las víctimas pretende, como bien se aclara en la nueva norma, “que las personas esclavizadas puedan denunciar a los tratantes”, ya que a falta de otras alternativas laborales, muchos explotados temen perder su única fuente de ingresos.