Angel Fernández Rosales, el principal sospechoso por el crimen de la familia Mansilla-Rabago, habría adulterado el sistema de seguimiento satelital por medio de una pulsera magnética que tenía colocada en uno de sus tobillos. Fernández Rosales, quien había sido condenado a 25 años de prisión en 1991, por un caso de violación y homicidio, habría violado muchas veces el beneficio del arresto domiciliario del que gozaba. Cristian Fernández, hijo del imputado y detenido en la causa, declaró ante la policía que su padre se quitaba la tobillera utilizando para ello un simple destornillador. El tema desencadenó una polémica en el gobierno bonaerense. Mientras el ministro de Justicia, Ricardo Casal, aseguró que “el sistema de monitoreo electrónico no fue violentado ni adulterado”, su par de Seguridad, Carlos Stornelli, sostuvo todo lo contrario.

Stornelli, citando testimonios de personas que conocen a Fernández Rosales, declaró que el sospechoso “era visto fuera de su casa todo el tiempo”. El Ministerio de Justicia, en un comunicado, desmintió a Stornelli: “Fernández Rosales se hallaba cumpliendo prisión domiciliaria, ordenada por el Tribunal Oral Criminal 3 del Departamento Judicial de San Martín”. Para cumplir con esa medida judicial, “le fue colocado el sistema de monitoreo electrónico que no fue violentado ni adulterado”.

El informe de la cartera de Justicia detalló que “en la memoria de la caja del equipo HMRU”, que tiene la pulsera magnética, “queda registrado cualquier movimiento, como también cualquier intento de vulnerar el sistema, situación que no se detectó en el caso en cuestión”. Se insistió en que la pulsera “no se encontraba violentada”, que la caja que registra “todo evento” y que estaba en el domicilio del detenido “no marca salidas ni adulteraciones”. El ministerio destacó, además, que “tanto la pulsera como el equipo continúan registrando movimientos, aunque no haya conexión de reporte”. Esta versión oficial choca con lo afirmado por Stornelli y también por Cristian Fernández, el hijo del acusado.

Fernández hijo, según comentaron fuentes cercanas al caso, habría hecho una demostración práctica del “sistema y la logística para quitarse el mecanismo que permitía controlar los movimientos del detenido para que no saliera del domicilio”. Esta versión asegura que Fernández Rosales se quitaba sin problemas la pulsera, la dejaba en su casa y hasta dicen que se la habría colocado a un hijo suyo, de corta edad, motivo por el cual el rastreo “podía demostrar que seguía en su casa, sin moverse de allí”.

Se carece de información oficial, a través de los juzgados, sobre cuántos presos cumplen prisión domiciliaria con tobilleras. A comienzos de 2005 se había dicho que eran cien los que las tenían, pero ese mismo año se supo que se comprarían otras 500 pulseras magnéticas para nuevos casos de libertad monitoreada. Además de los cuestionamientos por razones de seguridad, ya que hubo presos con tobilleras que reincidieron en el delito mientras las tenían, también fueron criticadas por su alto costo.