Mauricio Macri no consigue que la ciudad esté limpia, pero les aumenta los pagos a las empresas recolectoras. El dato surge del proyecto de reformulación de presupuesto por mayores gastos, que el gobierno porteño presentó en la Legislatura y que sería aprobado en una semana. Allí, se les reconoce a las empresas una diferencia de 410 millones de pesos, con lo cual, el presupuesto de higiene urbana para todo el año asciende a 1170 millones de pesos, lo que representa un incremento del 35 por ciento respecto de lo gastado el año pasado. Desde el Ministerio de Hacienda, atribuyen el incremento a los aumentos salariales y a los mayores costos derivados de la inflación. “Pero los salarios no aumentaron en esa proporción y además son solo una parte de los costos de la empresa”, replicó el diputado Martín Hourest (Bloque Igualdad Social), autor de un dictamen que se opone a ese aumento. En cuanto al futuro contrato, el macrismo aceptó convocar a una audiencia pública para debatir los pliegos de la licitación y acordó con el kirchnerismo un cronograma para tratar los pliegos en octubre.

El Ministerio de Hacienda porteño envió a la Legislatura, la semana pasada, un proyecto de reformulación del presupuesto para este año, que fue aprobado a fines de 2007. Allí se deja constancia del aumento de ingresos producto de una mayor recaudación que la estimada, pero también un cuadro con los aumentos de gastos, por un total de 1548 millones de pesos, divididos en siete rubros: el de mayor incidencia es el destinado a cubrir los aumentos salariales de los empleados porteños (625 millones), seguido por el dirigido a la recolección de residuos: 411 millones de pesos adicionales. De esa suma, 103 millones corresponden a una deuda del año 2007, que se abonó este año. El resto (311 millones), de aprobarse, pasarían a engrosar el presupuesto de higiene urbana de este año: un total de 1172 millones de pesos. “Esto es solo por el trabajo de recolección y barrido. No incluye la compra de containers, de lo cual ya se encargó la administración”, advirtió Hourest.

Páginai12 quiso saber cómo se hizo el cálculo para ajustar los ingresos de las empresas recolectoras. En el Ministerio de Ambiente y Espacio Público aseguraron desconocer las cifras y derivaron la consulta a la cartera de Hacienda. Allí explicaron que “la reformulación se hizo en base a la solicitud de las empresas, fundamentada en los mayores costos por aumentos salariales y por la inflación”, que se habría hecho sentir en aumento del mantenimiento de los camiones y del combustible, argumentó una fuente de Hacienda.

“Nos llama la atención que después de las críticas que el ministro (de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo) Piccardo hizo a las empresas de higiene urbana, se les otorgue un aumento que no se justifica”, advirtió Hourest. Para sostener esta afirmación, el legislador analizó los indicadores económicos de una de las empresas recolectoras, Integra, la cual registró en 2007 “una utilidad (ganancia) neta del 22,1 por ciento, lo que la ubica entre las más rentables, según los registros del Mercado de Valores”.

Hace una semana, Piccardo dijo en la Legislatura que el 70 por ciento de los porteños evalúa que la ciudad está sucia, y que cuatro de cada diez consideran que el servicio de higiene urbana es malo. “Lo dijo sin que nadie se lo preguntara. Ahora, el Poder Ejecutivo no aportó información que justifique este aumento”, lamentó el legislador.

También cuestionó el “aporte” de 60 millones de pesos a la Ceamse –el organismo mixto que integran la ciudad y la provincia de Buenos Aires, encargado de la disposición final de los residuos sólidos– ya que “se trata de una empresa que no admite el ingreso de la Auditoría de la ciudad, lo cual no permite ningún tipo de control sobre sus cuentas”, dijo el legislador.

La controversia por la recolección se extiende al debate sobre los futuros contratos: la licitación que proyecta Macri es por diez años, el doble que la actual, por lo cual debe contar con la aprobación de la Legislatura. A propuesta de Gabriela Cerruti (Frente para la Victoria) y Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) el cuerpo aprobaría la convocatoria a una audiencia pública para el 1º de octubre. Antes serían convocadas las organizaciones sociales y ambientalistas. Y si todo sale como lo prevé el cronograma acordado entre macristas y kirchneristas, el 15 de octubre se estaría aprobando la licitación. No va a ser fácil: las organizaciones ambientalistas y diputados opositores cuestionan el regreso al pago por tonelada, contemplado en el pliego, en lugar del sistema de área limpia, vigente en la actualidad.