La Justicia investiga supuestas irregularidades cometidas por funcionarios porteños en una planta de transferencia de residuos ubicada en el barrio de Flores. Se trata de un predio que la ciudad le cedió a la Ceamse para recibir los residuos denominados áridos –escombros, tierra y productos de la poda–, almacenarlos y trasladarlos a un relleno, en el Camino del Buen Ayre. La denuncia, por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales (coimas) involucra al encargado de esa estación y a su superior, el director general de Limpieza.

La denuncia fue presentada por la Procuración General de la ciudad, a partir de denuncias recibidas en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Según informaron a Páginai12 fuentes judiciales, la maniobra realizada por funcionarios infieles consistiría en cobrar un “peaje” a los camioneros que trasladan volquetes con materiales “áridos”, muchos de ellos provenientes de la provincia de Buenos Aires.

Tampoco habría existido control por parte de esos agentes de las toneladas recibidas y despachadas a los rellenos de la Ceamse: una auditoría sorpresiva permitió comprobar que la balanza no funcionaba. La misma auditora recibió testimonio de los camioneros que hacían fila para descargar sus volquetes, quienes aseguraron que debían pagar un “peaje” para que les reciban la carga.

El predio en cuestión está ubicado en la Avenida Varela 2653, en el Bajo Flores. Se trata del lugar donde el intendente de facto, Osvaldo Cacciatore, construyó una usina con hornos para incinerar residuos, que nunca se pusieron en marcha y que la ciudad le cedió a la Ceamse para el funcionamiento de la Estación de Transferencia de Residuos.

De acuerdo con la denuncia, el funcionario imputado es el agente Alberto Ramón Báez, encargado de la estación. “La investigación a su vez deberá determinar si existió responsabilidad por parte de la Dirección General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Alberto Términe, de quien dependía Báez”, dice el texto presentado a la Justicia.

La denuncia de las irregularidades había sido realizada por el diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) en la audiencia donde el ministro Juan Pablo Piccardo respondió a los legisladores cuestionamientos sobre el pliego de licitación de higiene urbana.

No es la primera denuncia que se registra en el ámbito de la recolección de residuos. La primera, adelantada por Páginai12, fue realizada por las cooperativas de cartoneros: se trata del desvío de materiales reciclables provenientes de grandes generadores, que deberían ser trasladados a los centros verdes que administran las cooperativas y en cambio serían comercializados a terceros. En la maniobra participarían funcionarios y recolectores de una de las empresa.