Un grupo de vecinos de la Villas 31 y 31 bis, de Retiro, patrocinados por dos asociaciones civiles, presentaron a la Justicia un pedido para que ordene al gobierno nacional y al Ejecutivo porteño que “adopten las medidas necesarias para radicar, regularizar y urbanizar” las tierras de ese asentamiento, con participación de los habitantes de esos barrios. Los vecinos llevan como estandarte un proyecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, que consiste en urbanizar la villa recuperando las viviendas existentes. La presentación se hizo en el mismo juzgado donde se tramita una causa donde la ciudad pide la demolición de las casas “que ponen en peligro la salud y la vida” de sus habitantes. En esa causa, se celebró ayer una audiencia entre representantes de la Nación y de la ciudad, en la que quedaron en claro dos cosas: si el gobierno porteño quiere demoler viviendas deberá hacerlo por cuenta propia, ya que tiene el poder de control para hacerlo, pero el Ministerio de Justicia de la Nación deberá brindarle el apoyo de fuerzas de seguridad. Anoche, los vecinos de la villa decidían si realizaban hoy un nuevo corte de la autopista Illia en reclamo de la urbanización.

La jueza en lo contencioso administrativo federal Cecilia Gilardi de Negri convocó a la audiencia de ayer por pedido del Onabe, el organismo que administra los bienes del Estado nacional, titular de la mayor parte de las tierras donde se asienta la villa. Es que la jueza le había ordenado a esa repartición nacional “impedir la construcción de nuevas viviendas que no cumplan con la normativa de edificación”. Onabe argumentó que el poder de policía para el control de la construcción lo tiene la ciudad, por más que los terrenos no le pertenezcan.

Esto al menos quedó claro en la audiencia de ayer. El procurador de la ciudad, Pablo Tonelli, admitió que son los inspectores porteños los que deben controlar las construcciones. “Pero sin fuerzas de seguridad no podemos entrar en la villa”, argumentó Tonelli a PáginaI12. “Por eso, se convocó a una próxima audiencia en la que el Ministerio de Justicia y Seguridad deberá decir de qué manera va a colaborar con ese control, con qué fuerza de seguridad.”

Por su parte, el titular del Onabe, Fernando Suárez, le informó a la jueza a quiénes pertenecen las tierras en conflicto: además del Onabe, son titulares la Administración General de Puertos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), las concesionarias ferroviarias y Repsol YPF. Suárez aclaró que el Onabe “está intrusado, no tiene responsabilidad directa en lo que se construye”. “Quedó claro que el poder de policía lo tiene la ciudad. Sólo falta definir qué fuerza debe intervenir, si es la Gendarmería, la Prefectura, o la Policía Federal.”

Tonelli admitió que el gobierno porteño había pedido en su demanda la demolición de construcciones irregulares, pero aclaró que se refería sólo a “las que pongan en peligro la salud y la vida de los habitantes”. “No queremos demoler la villa”, subrayó. En la audiencia también hubo representantes de los ministerios de Planificación Federal y de Justicia y Seguridad de la Nación. Todos fueron convocados a una nueva audiencia para el 1º de diciembre próximo.

Entre tantos funcionarios, no hubo ningún representante de las 40 mil personas que habitan en la villa, cuya suerte se debatía en la audiencia. El reclamo de participación fue uno de los motivos del corte de la autopista Illia, durante nueve horas, el miércoles último. Ese mismo día, un grupo de vecinos que integran la Mesa por la Urbanización y la Radicación de las Villas 31 y 31 bis, presentaron su demanda, en la que reclaman ser incluidos como terceros en el expediente. Lo hicieron con el patrocinio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro por el Derecho a la Vivienda (Cohre, por sus siglas en inglés).

En el escrito, los vecinos le piden a la jueza Gilardi de Negri que “condene al gobierno de la ciudad y al Poder Ejecutivo Nacional a que adopten las medidas necesarias a fin de radicar, regularizar y urbanizar las tierras de la Villa 31-31 bis, garantizando la seguridad de la tenencia de la tierra a sus actuales ocupantes”. También piden la “participación de los habitantes para lograr el efectivo cumplimiento” de esos objetivos y que cualquier omisión por parte de ambos gobiernos se considere “una violación al derecho a la vivienda”, garantizado por la Constitución.

Las organizaciones aspiran a lograr por la vía judicial lo que se les viene negando por el camino político o administrativo. Toman como antecedente la intervención de la Corte Suprema en la causa por la contaminación del Riachuelo.

Los vecinos llevan como estandarte un proyecto de urbanización elaborado por un equipo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FADU) de la UBA. “Se trata de un nuevo enfoque en materia de vivienda social: en vez de construir viviendas nuevas, se recuperan las existentes”, dijo a PáginaI12 el director del Proyecto Barrio 31, el arquitecto Javier Fernández Castro, quien además es secretario académico de la FADU. La iniciativa, ganadora de la Bienal de Arquitectura 2002, en Santiago de Chile, fue presentada a las dos últimas administraciones porteñas, al Onabe y a la Corporación Puerto Madero. Nunca hubo una respuesta.

Para Fernández Castro, “no es cierto que haya que demoler todas las casas de más de tres pisos porque corren riesgo de derrumbe”, como dice el gobierno porteño. “Las viviendas en general son muy sólidas, están hechas con columnas, vigas y cimientos, por albañiles de oficio. Hay que analizar caso por caso, pero antes de demoler hay que ver si se pueden recuperar.”