Se avecina el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declararía inconstitucional el artículo de la Ley 27.737 que pena la tenencia de drogas para consumo personal. Este fallo, que “no va a demorar mucho”, como advirtió el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, obligará a discutir en el Congreso la norma que criminaliza desde hace 20 años a los usuarios. Con este panorama, los integrantes del Comité Científico que asesoran en este tema al ministro de Justicia Aníbal Fernández creen que ha llegado el momento de ultimar la labor que se les encomendó y que asumieron ad honorem un año atrás: revisar la legislación vigente sobre drogas y elaborar anteproyectos para reformar la ley.

“Ojo, son sugerencias que pueden ser tomadas por los ministros, si no se toman o el objetivo es distinto nos iremos. No dependemos del Poder Ejecutivo ni somos funcionarios de la administración pública estatal”, se atajó Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva del Comité, en una entrevista exclusiva de Página/12. Las sugerencias están contenidas en tres anteproyectos. El primero es la reforma del aspecto penal que motivó la intervención de la Corte Suprema. El segundo se centra en la prevención y tratamiento de las adicciones. El último versa sobre los aspectos económicos del narcotráfico, principalmente el lavado de dinero, y sobre el buen uso de los bienes decomisados a las organizaciones criminales.

Los expertos –entre ellos los jueces Horacio Cattani, Patricia Llerena, Roberto Falcone y Martín Vázquez Acuña– ya acordaron que la reforma penal no incluirá condenas de prisión ni tratamientos médicos forzosos para quien posea una pequeña cantidad de droga para uso personal y no afecte a terceros ni haga apología. Tampoco se establecerán cantidades mínimas de sustancia. Según explicó Cuñarro, la cantidad se valoraría en cada caso concreto y entre las partes del proceso: “La idea es que el juez, con los elementos del caso, pueda determinar si se trata de comercio. Si alguien dice: es tenencia para consumo pero tiene el garaje lleno de cocaína, bueno... el juez tendrá que hacer algo o afrontar un jury de enjuiciamiento”.

Este proyecto está terminado como ley especial y ya circula entre los integrantes del Comité, compuesto también por la médica sanitarista Alicia Gillone, la psicoanalista Eva Giberti y el sociólogo Alberto Calabrese. El tenor de su urgencia lo constituye, como señala Cuñarro, “el hecho de tener las cárceles llenas de consumidores o mulitas indocumentadas”. También el colapso de la Justicia Federal, saturada de casos de “perejiles” como gusta llamar a los usuarios de drogas Aníbal Fernández, que alertó hace dos años y desde las páginas de este diario que la actual Ley 23.737 era “un fracaso”.

El segundo anteproyecto, sobre el aspecto sanitario, constituye para la fiscal, de licencia desde que es secretaria ejecutiva del Comité, “una obligación moral, tanto o más importante que la discusión sobre la criminalización o no de la tenencia para consumo personal”. No hay controles eficientes sobre las granjas y las comunidades terapéuticas ni límites precisos sobre las internaciones, advirtió Cuñarro. Desde el Comité denuncian que no se cumplen los estándares internacionales sobre la calidad de un tratamiento. “Hay organizaciones serias, como Fonga, por citar una. Pero también hay lugares que están librados a la buena de Dios, en los que se violan elementales derechos humanos como la libertad y la intimidad del adicto”, subraya la fiscal.

La sugerencia del anteproyecto es armar un plan nacional que diferencie entre uso, abuso y adicción, adoptando la óptica de reducción de daños, una estrategia usada en Uruguay, Brasil y en gran parte de Europa que toma en cuenta la subjetividad del adicto y su contexto, ofreciéndole un tratamiento no coercitivo y voluntario. “La internación compulsiva es la última medida y debe ser restrictiva”, comentó Cuñarro. Para este proyecto, fue fundamental la inmensa encuesta propuesta por el Comité, hecha por el Indec y presentada por la Presidenta. Allí se trazó un mapa sobre las adicciones: tabaco, alcohol y psicofármacos, todos legales, estuvieron a la cabeza.

El Comité ya relevó la jurisprudencia nacional e internacional y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. “Le sumamos toda la legislación y anteproyectos vigentes ‘de buena factura’, como el de la provincia de Río Negro o el proyecto del legislador (Leonardo) Gorbacz”, confió la secretaria ejecutiva. Es la base con la que trabajan el Ministerio de Salud y el de Desarrollo Social, que agregarán sus observaciones y propuestas para terminar el anteproyecto.

El tema del lavado de activos motivó un viaje de Cuñarro a España en el verano, donde cursó una maestría sobre el tema. Más suelta en su terreno, la fiscal contó que Brasil es el principal país víctima de estos manejos en la región por su rápido crecimiento y voluminoso Producto Interno Bruto. “Pero también lo hay en la Argentina –afirmó–. Por eso creemos que falta reforzar el Banco Central y la Afip; es la única manera de controlarlo. También hace falta recuperar conocimiento porque el Estado pasó una década de vaciamiento y los expertos se fueron a la esfera privada.” El cruce de datos y su centralización serían las claves de este proyecto, que también estipula un nuevo sistema para la distribución de los bienes decomisados.

“Lo que hay vigente es una comisión mixta, creada en 2001, entre la Sedronar (la Secretaría de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico) y Julio Nazareno, el ex ministro de la Corte Suprema menemista. Nunca aportaron una denuncia ni un banco de datos cruzados. No nos ha servido ni a los fiscales ni a los jueces para seguir la ruta del dinero. Además nos preocupa la transparencia en la manera en que esta comisión otorga los bienes decomisados. Es un sistema que se presta al acomodo”, enumeró Cuñarro. El anteproyecto modificaría este organismo, regularía el pedido de información e instaría a recuperar el dinero que los narcos mandan afuera.

Los tres anteproyectos están siendo retocados y resta completar sus fundamentos. Cuñarro sigue intrigada porque en la Argentina “el tema de la no criminalización del usuario es casi como hablar del divorcio en los ’70, a diferencia de países más religiosos como España, Brasil o Chile, en los que no está criminalizado”. Mientras, junta firmas entre sus colegas del mundo judicial y académico en apoyo a un documento sobre las iniciativas del Comité. “Algunas consideraciones de la iglesia o de la gente conservadora sobre el tema son de tipo moral –insistió–, pero la moral es una cosa y el derecho penal es otra.”