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La reunión entre el Gobierno y los productores agropecuarios y las declaraciones de Hugo Moyano a Página/12 reclamando el lanzamiento de un Consejo Económico y Social reactualizan el debate sobre el siempre postergado Pacto Social, Acuerdo del Bicentenario o como quiera llamárselo. Una de las pocas promesas concretas lanzadas durante la campaña de Cristina, el proyecto se ha ido posponiendo una y otra vez. Y aunque los analistas tienden a explicar la demora en base a la mezquindad de los principales actores, hay razones estructurales que complican la puesta en marcha del proyecto, que son mucho más profundas que la simple falta de voluntad del Gobierno o a la maldad oligárquica de las cámaras empresariales.

Pactos

La idea fue difundida durante la campaña del 2007, un poco para responder a las críticas sobre la supuesta cerrazón decisional del Gobierno y otro poco con la esperanza de dotar al modelo K de una base de sustentación más amplia. Se pensó, entonces, en un clásico acuerdo corporativo en el que estuvieran sentados, a un lado y otro de una mesa presidida por el Estado, los representantes del capital y el trabajo: cámaras empresariales y sindicatos.

Pero el proyecto se fue posponiendo. Primero porque el conflicto del campo privaba al esquema de una de sus patas fundamentales, después porque los industriales se negaron a sentarse a la mesa si no estaban también los productores agropecuarios; más tarde llegó el verano, y con él la crisis, y así arañamos marzo.

Quince días atrás, en el viaje presidencial a Madrid, los empresarios y sindicalistas que acompañaron a Cristina visitaron encantados la versión española del Consejo Económico y Social, y el Gobierno comenzó a reconsiderar la idea de crear un organismo de funcionamiento permanente, de carácter consultivo, que actúe como una instancia de discusión de políticas de largo plazo.

La disputa con los productores del campo –y la insinuación oficial acerca de una posible nacionalización del comercio exterior– parecieron alejar la idea, una vez más. Sin embargo, no son sólo las circunstancias coyunturales y las necesidades inmediatas de unos y otros las que complican la iniciativa; hay motivos más profundos, que en buena medida explican este clima de desencuentro permanente, y que analizamos a continuación.

Líquidos y zombis

La mejor metáfora es la de Zygmunt Baumann. En Modernidad líquida (Fondo de Cultura Económica), el gran sociólogo polaco sostiene que las sociedades capitalistas tardías –la nuestra lo es, aunque en su seno coexistan bolsones modernos y premodernos– han dejado atrás la modernidad sólida de la posguerra, un tiempo estable, repetitivo y previsible.

Vivimos ahora en un mundo que asume la principal característica de los líquidos –la fluidez– y donde las cosas mutan acelerada, inesperada y permanentemente. En este nuevo contexto flexible, las estructuras sociales ya no duran lo suficiente como para gobernar las costumbres de los ciudadanos, los grandes referentes desaparecen o se debilitan y las sociedades pierden su centro. Todo se descompone. Y aunque ciertas instituciones y organismos se mantienen, en muchos casos sobreviven bajo la forma de lo que otro gran sociólogo, el alemán Ulrich Beck, define como “instituciones zombis”: instituciones que existen –y siguen caminando–, pero que en realidad están muertas.

Factor trabajo

Empecemos por la pata sindical de la mesa. Lo primero que hay que decir es que el porcentaje de trabajo en negro, no registrado, es alto. Aunque inferior al de otros países latinoamericanos, y aunque ha disminuido producto del crecimiento y las campañas oficiales de formalización, no baja del 40 por ciento. La tasa de sindicalización alcanza al 37 por ciento, aunque si se incluye al total de asalariados (registrados y no registrados) disminuye al 20. Y sólo el 12 por ciento de las empresas tiene por lo menos un delegado.

Pero incluso en el universo de trabajadores sindicalizados se han registrado procesos de fragmentación que hacen las cosas aún más difíciles. En “Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina”, publicado en Politics and Society, Sebastián Etchemendy y Ruth Collier describen los profundos cambios experimentados por el sindicalismo en los últimos años. Sostienen que, si bien desde 2003 se verifica una reanimación del sindicalismo, ésta asume la forma de un “neocorporativismo segmentado”, en el que las cúpulas gremiales negocian beneficios particulares para su sector, en lugar de luchar en conjunto por una mejora general de las condiciones de todos los trabajadores.

En suma, el “mundo del trabajo”, como les gusta decir a los sindicalistas, ya no es una entidad monolítica y uniforme, sino un magma heterogéneo de trabajadores en blanco, empleados en negro, tercerizados, desocupados, subocupados, pobres e indigentes. E incluso dentro del –relativamente pequeño– universo de los trabajadores formales, las cosas son bastante confusas: el hecho de que en Aerolíneas Argentinas convivan malamente siete sindicatos o que los docentes porteños se dividan en nada menos que 14 gremios son muestras de la fragmentación que atraviesa al mundo sindical.

Factor capital

A diferencia de los trabajadores, que tienen a la huelga como recurso de lucha casi exclusivo (y sólo para algunos), los empresarios, sobre todo los grandes, cuentan con otros instrumentos de presión: la desinversión, la fijación de precios, la no liquidación de divisas.

Pero también ellos viven en la modernidad líquida. Y si las reformas noventistas debilitaron a algunos sindicatos (metalúrgicos) y fortalecieron a otros (los comerciantes de Cavalieri, los camioneros de Moyano), lo mismo sucedió con los empresarios: ciertas ramas de producción, que habían prosperado durante la etapa anterior de sustitución de importaciones, como la metalmecánica o la textil, perdieron fuerza en relación con sectores protegidos (automotor) o que gozaban de ventajas comparativas (alimentación).

La apertura económica, la concentración del capital y el ingreso de la inversión extranjera reconfiguraron el mundo empresarial, haciéndolo más heterogéno y complejo, lo que se reflejó en sus representaciones corporativas. Así, hoy existe la Cámara Argentina de la Construcción, pero también la Unión Argentina de la Construcción; la Asociación de Bancos de la República Argentina (APRA), pero también la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y la Asociación de Bancos Privados Argentinos (Abapra). En cuanto a las pymes, está Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, pero también la Confederación General de la Industria y el Consejo Argentino de la Industria.

Intereses encontrados, procesos sísmicos al interior de una entidad, posicionamientos políticos y hasta enconos personales explican esta fragmentación. Y detrás de todo esto, la transformación menemista y el impacto de la globalización. “Si bien el empresariado argentino ya se caracterizaba por la heterogeneidad de sus intereses, la apertura fragmentó aún más el campo empresarial, desplazando a las entidades, debilitándolas en su capacidad de presentar propuestas articuladas y representativas” (Lautaro Lissin, “Acción colectiva empresaria ¿Homogeneidad dada o construida”, Idaes).

La insoportable
levedad de la imagen

A esto hay que sumarle un ingrediente más, crucial en tiempos videopolítica: ni los empresarios ni los sindicalistas gozan de buena imagen. Lo de los sindicalistas es indiscutible. Una encuestas de Zuleta Puceiro citada el año pasado confirma que se trata del sector con peor imagen en la población, incluso detrás de los legisladores.

Y aunque esto tiene explicaciones estructurales (los sindicalistas, casi por definición, aparecen vinculados con hechos conflictivos, como huelgas o manifestaciones, lo cual suele alejarlos de la simpatía popular), lo cierto es que en algunos países han logrado concitar el amor de la sociedad, a punto tal de convertir a la actividad sindical en una plataforma política: Lula, Evo Morales o el ex alcalde de Bogotá, Lucho Garzón son algunos ejemplos.

Pero nada de eso sucede en la Argentina, donde, desde la recuperación de la democracia hasta ahora, el sindicalismo no ha logrado construir un solo liderazgo lo suficientemente potente como para convertirse en gobernador, intendente de algunos ciudad importante o jefe de alguna de las cámaras del Congreso; ni qué decir en presidente.

Como la de los sindicalistas, la imagen de los empresarios está lejos de ser hermosa, pero encierra un fenómeno curioso: por un lado, se multiplican los casos de hombres de negocios lanzados exitosamente a la política, como Mauricio Macri o Francisco de Narváez. Sin embargo, al mismo tiempo las encuestas registran una sensación social respecto de los empresarios que alude a la falta de innovación, el parasitarismo estatal, la constante búsqueda de prebendas.

En “Empresarios, instituciones y desarrollo económico: el caso argentino”, Andrés López relaciona esta imagen con la raíz terrateniente de la burguesía argentina. Aunque el origen de muchos empresarios es inmigrante, su relación con la rancia clase latifundista pampeana –caracterizada por la baja productividad y el despilfarro– contribuyó a ponerlos en la misma bolsa. Más tarde, el juego permanente con la inflación y la propensión a la búsqueda de ganancias rápidas –propia, por otra parte, de economías volátiles– terminaron de reforzar la desconfianza social hacia los empresarios.

¿Qué pacto?

La baja consideración social de sindicalistas y empresarios –sumada a su creciente heterogeneidad y fragmentación– refuerza las dudas sobre la representatividad de sus entidades. En este marco, cabe preguntarse por los actores que integrarían el hipotético Consejo Económico y Social. En un momento en que las estructuras sociales se descomponen, los referentes ya no referencian y los representantes no representan, ¿quién debería sentarse a la mesa? ¿Hasta qué punto quienes se autodefinen como “representantes del capital y el trabajo” no son, como diría Beck, instituciones zombis?

El problema es que no parece posible encontrar una solución. Sumar a otros sectores a un futuro Pacto Social es una alternativa, que incluso manejan algunos funcionarios, pero sucede que su representatividad es aún más dudosa que la de los empresarios y sindicalistas, que al menos pueden mostrar planillas de afiliación y datos de producción. ¿Quién, por ejemplo, representa a los desocupados? Los movimientos sociales expresan a sólo una fracción de ellos, y la idea de que constituyen un sujeto político bien definido es a esta altura más un deseo que una realidad. ¿Quién, por ejemplo, representa a los consumidores? ¿Quién a los usuarios de las empresas de servicios públicos? ¿Quién a los excluidos? Ocurre que cada vez más sectores económicos –podríamos seguir: ¿quién representa a los trabajadores autónomos? ¿Quién a los tercerizados?– y factores de producción –¿cómo sumar al factor conocimiento, crucial en una economía moderna?– resultan directamente irrepresentables.

Pero así están las cosas. Si el Gobierno finalmente se anima a crear su Consejo Económico y Social, deberá, por supuesto, llamar a los actores tradicionales. Gusten o no, son los empresarios y los sindicalistas que tenemos (y tal vez un reflejo, quizás un poco deformado, de nosotros mismos). No se trata entonces de negar su importancia, ni de excluirlos de un futuro acuerdo, sino de insistir con que la realidad líquida es mucho más complicada (y no hacerse muchas ilusiones con los posibles resultados).