A siete años de su asesinato, producto de las torturas que sufrió en la comisaría primera de Florencio Varela, fue recordada ayer Andrea Viera. La víctima tenía 25 años cuando la detuvieron junto con su marido, Gustavo Cardozo, a quien también golpearon en la misma seccional, pero que logró sobrevivir. El acto de homenaje, del que participaron organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, tuvo la forma de un “escrache” a la única persona que fue condenada por el crimen ocurrido en el mes de mayo de 2002. En el juicio oral, que se realizó en julio de 2006, la cabo primero Marta Jorgelina Oviedo fue condenada a prisión perpetua por el delito de “torturas seguida de muerte”, mientras que otros cuatro policías fueron absueltos por “el beneficio de la duda”. El caso tiene más de un dato inédito: en Argentina y en el mundo, Oviedo es la primera mujer condenada por torturar hasta la muerte a otra mujer. El segundo punto en cuestión es que Oviedo, a pesar de la gravedad del delito por el que fue condenada, cumple la detención en su domicilio, con una tobillera magnética, y en más de una ocasión ha sido vista en la calle o incluso atendiendo un negocio de su propiedad.

La marcha realizada ayer para recordar a Andrea Viera comenzó frente a la sede de la comisaría primera de Florencio Varela, en San Martín 450, y de allí se fue hasta el arco de ingreso al barrio San Jorge, donde vive la cabo Oviedo. “Esta vez no llegamos hasta la casa de esta mujer, que está a seis cuadras del arco de entrada, porque muchos vecinos de ella estuvieron en la marcha y no queremos exponerlos. Nosotros después nos vamos y ellos se tienen que quedar allí y no queremos comprometer su seguridad”, le dijo a Página/12 Eugenia Vázquez, hermana de la víctima.

El acto de ayer tuvo como objetivo, además, denunciar la posibilidad cierta de que Oviedo, que sólo estuvo cinco meses en la cárcel y luego recibió el beneficio de la detención domiciliaria, pueda quedar en libertad en los próximos meses. “En julio se cumplen tres años de la finalización del juicio oral y la condena todavía no está firme, porque fue apelada ante la Cámara de Casación bonaerense, que todavía no se expidió sobre el caso. Si no hay una confirmación de la condena puede ser que la única persona condenada logre la excarcelación”, comentó Eugenia Vázquez. La ley dice que, transcurridos tres años, el imputado puede lograr la excarcelación si la condena no está firme.

En el acto se leyó un petitorio que será elevado a las autoridades judiciales y políticas para exigir una rápida definición en la causa. En la declaración se pide “cárcel común y efectiva para Marta Jorgelina Oviedo y que se dé respuesta al pedido de apelación de la querella” en la causa, que solicitó que se revise la decisión que absolvió a los otros cuatro policías que fueron acusados. También se demandó el “inicio de juicios e investigaciones de todos los casos de violencia institucional que esperan justicia”, “el control de los organismos de seguridad en materia de derechos humanos” y que “se instruya al Poder Judicial un accionar claro, ágil y eficiente en contra de la violencia policial y/o institucional y que se investigue a quienes, desde la Justicia, la niegan a los más desprotegidos”. La consigna de la marcha de ayer fue “no más desaparecidos y torturados en democracia”.

El petitorio fue firmado por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la agrupación H.I.J.O.S., la Multisectorial de Florencio Varela, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), el periodista y escritor Osvaldo Bayer, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Yasky, la diputada Victoria Donda y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otras organizaciones.

Andrea Viera y su marido fueron detenidos el 10 de mayo de 2002 por una patrulla policial que los acusó –sin fundamento alguno, como se demostró en el juicio– de haber participado en el ataque a un policía. Los dos fueron golpeados con violencia por varios policías de la comisaría 1ª de Varela, entre ellos la cabo Oviedo. Por el delito de torturas fueron acusados también el oficial David Gutiérrez, el suboficial Carlos Maidana y el agente Oscar Farías, mientras que al subinspector Diego Herrera lo imputaron por haber omitido denunciar los tormentos que presenció. Los cuatro fueron absueltos y esa decisión fue apelada ante Casación.