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La explotación reglamentada de la prostitución es un hecho en muchos lugares de la Argentina. Al menos dos municipios en La Pampa tienen reglamentado su ejercicio en abierta violación de leyes nacionales y tratados internacionales suscriptos por el país, denunció ante Página/12 el fiscal Marcelo Colombo, coordinador de la Unidad de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación. Con distintas ordenanzas, Santa Rosa y General Acha normatizaron la actividad de “alternadoras” en locales de esparcimiento nocturno, una medida que “brinda protección a proxenetas y obstaculiza las investigaciones judiciales en causas abiertas por trata de mujeres”, advirtió Colombo. La misma situación se repite en todo el territorio de la provincia de Río Negro, a través de normas dictadas en cada intendencia, precisó Zulema Cancino, secretaria general de Ammar-Viedma (ver aparte).

Las normas no son nuevas pero han pasado inadvertidas por la naturalización imperante de la explotación sexual de cuerpos femeninos en burdeles. En Santa Rosa, el intendente Francisco Torroba impulsa la prohibición de la habilitación de whisquerías, que suele ser el eufemismo con el que se nombra a los burdeles, y ya suspendió, mientras se discute la reforma en el Concejo Deliberante, el requisito vigente para las “alternadoras” de tramitar una libreta sanitaria. Esa exigencia, sin embargo, se mantiene en General Acha, donde las mujeres que trabajan en esos locales tienen que inscribirse en la “comisaría local” y deben realizarse una vez por mes exámenes de flujo vaginal y otros estudios ginecológicos para determinar si son portadoras de hongos, parásitos o infecciones de transmisión sexual. Cada una tiene un carnet sanitario, cuyas tapas son de color rosado. Un relevamiento realizado sobre los registros de “alternadoras” otorgados por la Dirección de Sanidad y Control de Santa Rosa entre 2007 a 2008 –al que accedió este diario– detectó la “presencia de casos de trata” de mujeres en burdeles de la capital pampeana y “permite inferir que esa ciudad es lugar de destino y posterior pase de víctimas captadas” en otras provincias, mayoritariamente del norte, pero también provenientes de otros países como Paraguay y República Dominicana (ver aparte).

La Ufase tiene desde setiembre competencia para asistir a los fiscales en la investigación de delitos de trata de personas. Colombo abrió una investigación preliminar a partir de una producción periodística publicada en Página/12 el 22 de marzo sobre la problemática de la trata en Santa Rosa, donde se advertía ya de la existencia de los registros de “alternadoras” y del requisito de la libreta sanitaria, y un ex comisario denunciaba que había tenido que enfrentar numerosos obstáculos dentro de la policía provincial para seguir la pista de las redes de tratantes (ver aparte).

Así fue como Colombo se topó con las ordenanzas que reglamentan el ejercicio de la prostitución. “Lamentablemente es así acá como en la mayoría de los municipios del país. Hay que trabajar en forma conjunta en toda la provincia para eliminar las whisquerías, porque si se sacan de una ciudad las van abrir en otra. Está muy metido en la cultura que los prostíbulos son cosas necesarias. Además, muchos me dicen: si sacás de ahí a las mujeres, tenés que ocuparte de darles otro trabajo, contención psicológica, y la verdad es que no tenemos estructura para eso”, comentó a Página/12 Cleotilde Fuentes, subsecretaria de la Mujer de General Acha, muy preocupada por la situación: “Hay chicas muy jóvenes en esos lugares. Pero mucha gente piensa que están porque quieren y no son conscientes de que existen redes de trata que las engañan. Muchos me dicen: ocupate de otra cosa, no te metas con ese tema”, contó Fuentes. La funcionaria está en diálogo con su par de Santa Rosa, Mónica Molina, que viene bregando por visibilizar la problemática de la trata de mujeres para la explotación sexual en la capital pampeana, desde que llegó al cargo con la gestión de Torroba, un hombre del radicalismo que destronó al controvertido dirigente peronista Juan Carlos Tierno, al ganar las últimas elecciones con una coalición entre la UCR, el socialismo y ex frepasistas.

En Santa Rosa hay tres “whisquerías” habilitadas por el municipio. Hasta mediados de abril, las mujeres que allí son explotadas tenían que tramitar religiosamente su libreta sanitaria en la Dirección de Sanidad y Control de la intendencia. Y lo hacían habitualmente acompañadas por el regente del local. En General Acha, los cabarets “con licencia” son cuatro y están ubicados a la vera de la ruta. Según informó el fiscal Colombo, su funcionamiento está reglamentado por la ordenanza 1/93, aprobada por el Concejo Deliberante el 22 de enero de 1993 –casualmente durante el verano– y promulgada ese mismo día por el entonces intendente Omar Pedro Saborots, lo que denota mucho apuro. Sus objetivos son “velar por la salud de la población y de los pobladores de la comunidad de Acha”.

En su artículo 1 dispone que las alternadoras de clubes nocturnos y cabarets deberán realizarse examen de flujo vaginal para prevenir enfermedades tipo gonorrea, parásitos y hongos, una vez por mes y para determinar si son portadoras de patologías venéreas. El artículo 3 obliga a que tengan un “Carnet de Sanidad”, otorgado por la Dirección de Bromatología y Medio Ambiente. Es de color rosado. El artículo 6º dispone que los gastos que demanden los análisis correrán por cuenta de las “alternadoras”, y el 7º, que deben inscribirse como tales en la “Comisaría Local”. Sobre este último requisito, Colombo señaló: “También es un impedimento para que las causas por trata de personas progresen. A la policía local se les encarga la tarea administrativa y burocrática de inscripción. ¿Cómo podrían recibir denuncias investigar casos de trata?”. El titular de la Ufase no sale de su asombro por el alcance de esta ordenanza y las que tiene Santa Rosa. “Están violando abiertamente la ley nacional Nº 12.331 de Profilaxis, que en su artículo 15 establece que: ‘Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella’. También infringen el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscripto en 1949 por la ONU. Por este último, la Argentina se comprometió a castigar la explotación de la prostitución ajena –recordó–. De alguna manera, estas regulaciones plantean un sistema reglamentista de la prostitución, cuando desde el año 1937 la Argentina tiene un sistema abolicionista, es decir, respeta el ejercicio de la prostitución de manera individual, pero no se adscribe a respetar la explotación de la prostitución, sino que reprime y sanciona penalmente al proxenetismo.”

En la capital pampeana la prostitución está reglamentada a través de las ordenanzas municipales Nº 1537/94 de Obligatoriedad de la Libreta Sanitaria y Nº 3218/2004, llamada Código de Espectáculos Públicos y sus locales.

“La Dirección de Sanidad y Control municipal es la dependencia encargada del registro y entrega de las libretas sanitarias a quienes realizan una actividad comercial en la ciudad. En la práctica, se otorgan dos tipos de libretas, es decir, se registran de diferente forma a comerciantes y a quienes trabajan en locales nocturnos, como alternadoras, barman y bailarines de pista”, detalló Molina.

Quienes trabajan en relación de dependencia en un comercio o son comerciantes, solamente abonan un sellado, se les solicita una foto carnet, se les hace entrega de la libreta firmada y luego deben realizar un control médico que consiste en la revisión de las manos y la cara. La renovación de estas libretas se realiza cada seis meses. Según la norma, las personas que trabajan en locales nocturnos deben presentar para el otorgamiento de la libreta sanitaria tres fotos carnet, fotocopia de DNI, certificado de antecedentes otorgado por la policía y en el caso de las personas extranjeras, la solicitud de residencia precaria (por seis meses) o permanente, realizado ante la Dirección Nacional de Migraciones. Una vez reunida esta documentación y el apto físico firmado por los médicos, con la presentación de análisis clínicos –ginecológicos y bacteriológicos–, vuelven a la Dirección de Sanidad, donde se les pone un número de libreta, se forma una ficha, se asienta en el “registro de alternadoras” y se entrega con la firma de la directora de Sanidad y Control. En este caso, las libretas sanitarias deben renovarse cada tres meses.

Hace pocas semanas, el intendente Torroba dispuso suspender el registro de “alternadoras”: ya no tienen que tramitar una libreta sanitaria, informó Molina. La medida se inscribe en el compromiso asumido por el jefe comunal de prohibir las “whisquerías” en el territorio de la capital pampeana, un proyecto que se está discutiendo en el Concejo Deliberante, y que tendría acuerdo de la oposición también para ser aprobado. “El riesgo es que se vayan desplazando estas whisquerías a otras localidades cercanas”, coincidió Colombo. Y advirtió que las ordenanzas en cuestión finalmente son un “obstáculo” para las investigaciones de casos de trata de mujeres: “Se llega al último eslabón de la cadena, el burdel, pero el proxeneta alega que tiene todos los papeles en orden. Te dice: ‘Tengo a mis chicas sanas’. No sólo conspira contra las investigaciones judiciales sino que protege a los proxenetas”.

El coordinador de la Ufase destacó que en la discusión parlamentaria de 1937, cuando el Congreso aprobó la Ley de Profilaxis, uno de los legisladores impulsores de la reforma, el senador Serrey, citó como aval para la prohibición de las “casas de tolerancia” un estudio de la Sociedad de las Naciones, anterior a la creación de la ONU, que ya en esa época decía que esos locales eran terrenos fértiles para la “trata de personas”, en aquel momento llamada “trata de blancas”. Ocurrió 72 años atrás. Y la advertencia se escuchó poco. O lo que es peor, se escuchó pero no importó.