La nacionalización de empresas siderometalúrgicas en Venezuela, una decisión que tiene estrecha vinculación con la política de desarrollo sostenida y plebiscitada más de una decena de veces por el gobierno de Hugo Chávez, se metió insidiosamente en la campaña electoral argentina. Insidiosa pero no subrepticiamente, ya que no entró por la ventana sino por un gran portón, llevado de la mano nada menos que del principal grupo empresario con raíz local y de los voceros habituales del establishment, tanto desde el plano gremial empresario como político. El ejercicio intenta reeditar lo sucedido un año atrás, cuando las entidades que representan al sector terrateniente más concentrado (Sociedad Rural Argentina y CRA) pretendieron y lograron arrogarse la representación del “campo” como si fuera un todo, único y con intereses comunes y no contradictorios entre pequeños agricultores y cabañeros o pooles sojeros. Hoy, mientras un cada vez más nutrido núcleo de empresas industriales argentinas se beneficia y desarrolla a partir de los convenios de complementación con Venezuela, en un esquema de integración que tiene escasos o nulos precedentes para Argentina, Techint y el establishment político y empresario pretenden presentar una acción contra el ejercicio abusivo del poder monopólico como “un ataque a los capitales argentinos en el exterior” que debe ser defendido como una razón de Estado.

El viernes pasado, el gobierno venezolano anunció la decisión de iniciar el proceso de nacionalización de cinco empresas siderometalúrgicas. En tres de ellas (Matesi, Tavsa y Comsigua) tiene participaciones el grupo Techint, al igual que en Sidor, nacionalizada semanas atrás. El proceso de traspaso del control de Sidor en favor del Estado venezolano culminó con el pago de una indemnización de 1970 millones de dólares al grupo Techint, que con eso se dio por conforme. Pero, para llegar a ese acuerdo, primero buscó poner al gobierno de Chávez en la piel del brutal expropiador, al igual que busca hacer ahora por estas tres empresas.

Después de la nacionalización de Sidor, era un hecho casi inexorable que sucediera lo propio con los eslabones inmediatos de la cadena, las empresas procesadoras del acero que produce la primera, para transformarlo en insumos intermedios para uso de la industria metalúrgica venezolana. Alegar que “nos tomó por sorpresa” es abusarse de la ignorancia del interlocutor. Lo sabía Techint, lo sabían las empresas que ahora fueron nacionalizadas, así como todo observador que estuviera atento al proceso de transformación del modelo industrial en Venezuela: de un modelo monopólico, atrasado tecnológicamente y de exclusión se pretende ir a un modelo industrial socialista. Para ello, algunos eslabones y resortes pasarán a manos del Estado, sobre todo los ubicados en lugares estratégicos o monopólicos.

Que muchas de estas empresas aprovechaban su situación monopólica para cometer abusos, tampoco es un secreto. La expropiación de Sidor fue el corolario de una serie de denuncias porque compraba el mineral de hierro a una empresa estatal, a precio subsidiado, y luego ofrecía el acero a precios exorbitantes al mercado interno. Si no se lo aceptaban en esas condiciones, lo vendía al exterior a sus propias filiales (México, por ejemplo) pero a precios menores a los anteriores. El caso de Tavsa hoy es semejante. Recibe el acero para producir tubos para la industria petrolera exclusivamente de Sidor (hoy estatal) y le vende una altísima proporción de su producción a Pdvsa (estatal). Pese a esta condición supuestamente de “encierro”, la empresa logra fabulosas ganancias, además de tener la “llave” que puede bloquear el proceso de inversiones petroleras.

Por otra parte, mientras que los voceros de las empresas más concentradas demandan “protección al capital nacional” en Venezuela ante una política que supuestamente los ahuyenta, decenas de firmas industriales medianas argentinas están obteniendo contratos que les permiten multiplicar los resultados que lograban con su nivel normal de negocios. Los acuerdos de complementación entre las dos naciones han permitido, desde 2007 para acá, que se instalaran en Venezuela empresas nacionales fabricantes de tractores y maquinaria agrícola que, durante los ’90, pasaron por procesos de cierre y liquidación: Roque Vasalli y Pauny son sólo dos ejemplos de ello. La primera de Firmat, Santa Fe, la segunda de Las Varillas, Córdoba, se encuentran en pleno proceso de montaje e instalación de sus establecimientos en tierras bolivarianas. Otras empresas del sector frigorífico seguirán sus pasos, por convenios ratificados durante la última visita de Hugo Chávez a la Argentina, aportando todo el equipamiento para armar la cadena de valor en el interior de aquel país, desde el matadero a la fabricación de calzados.

Esta parte de la historia, la que compete a la industria liviana y mediana del interior del país, está fuera del planteo que realizan la UIA, la Asociación Empresaria Argentina, la Cámara de la Construcción, Techint y Elisa Carrió. El establishment en pleno identificó, ilusoriamente, los intereses de Techint con los de la industria argentina. Ilusoria, pero no inocentemente, porque de esta forma buscó incorporar a la campaña electoral la figura de Chávez, a la que caracteriza con el atropello contra el capital privado, como el irrespetuoso en el trato con los países poderosos, el generador de odio por intolerancia a una oposición que quieren hacer ver como “acorralada” por el abuso en el uso del poder oficial. Y pretenden asimilar al gobierno argentino y a la sociedad política Cristina-Néstor Kirchner con esa caracterización. La táctica de campaña es golpear sobre la imagen; no profundizar, ni por error, en los contenidos.

La candidata Carrió sostuvo ayer, respecto de la nacionalización de las tres empresas vinculadas a Techint, que “está muy claro que Chávez acordó eso con el matrimonio Kirchner, cuando estuvo la semana pasada acá. Se reunió con la Presidenta, contó con el aval del ex presidente y luego vino el proceso de confiscación y apropiación en Venezuela (...). “Esto es muy preocupante para la Argentina, porque el aval de Kirchner a lo que está haciendo Chávez en Venezuela es el modelo de Kirchner, de ganar las elecciones del 28 de junio próximo”. El fantasma del “socialismo del siglo XXI” fue convocado imprevistamente a participar en la campaña.

El gobierno nacional intentó evitar prestarse a la polémica. En una escueta comunicación, el ministro de Planificación, Julio De Vido, señaló que “el Gobierno repetirá sin dudar las gestiones de la misma forma que lo hizo ante la nacionalización de Sidor, respetando como ha hecho siempre las decisiones soberanas de otros Estados, pero protegiendo los intereses de los nacionales”.

Más enfático, Carlos Heller, primer candidato por el FpV en Capital Federal, dio respuesta. Sostuvo que la nacionalización “es una decisión de los venezolanos, que está en el marco de un proyecto que llama socialismo del siglo XXI”. Heller defendió “el libre derecho de nación de elegir el modelo para el desarrollo”, frente a lo cual consideró que “es lógico que los empresarios de AEA estén alarmados y horrorizados por lo que pasa en Venezuela, porque defienden el concepto de libertad empresaria para obtener la mayor rentabilidad posible”.

No sólo AEA lo defiende. Aunque la oposición de derecha al Gobierno pretende evitar poner en debate qué modelo de acumulación defiende, a veces, sin querer, se le nota.