Antonio María Costa, el titular de la oficina de la ONU sobre Drogas y Delito que sostuvo la llamada “guerra contra las drogas” en la última década, se pronunció ayer a favor de no “castigar como a delincuentes” a los usuarios. Es más, reconoció que la prohibición y represión absoluta generaron “un mercado ilícito de proporciones macroeconómicas que se sirve de la violencia y la corrupción”. Grosso modo, son los mismos conceptos que el ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, destacó en su discurso en Viena, ciudad sede de esa Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva del Comité que asesora sobre el tema al ministro, destacó el documento y señaló: “Es la hora de la salud”. También recordó que la Corte Suprema está analizando “si debe ser criminalizado quien consume y no afecta derechos de terceros, ni a la salud pública”.

“No se debe sacrificar la salud pública por la seguridad pública: pueden (y deberían) hacer ambas cosas.” Esta fue la principal recomendación de Costa al presentar el informe anual sobre la situación que atraviesa el mundo frente al narcotráfico y el consumo de drogas. El diplomático también aconsejó destinar más recursos a la prevención y el tratamiento de las adicciones. “El consumo de drogas debe tratarse como una enfermedad: las personas que consumen drogas necesitan asistencia médica, no ser castigados como delincuentes”, afirmó Costa al solicitar el acceso universal al tratamiento contra las adicciones.

Costa ya había cedido terreno al cambio de paradigma en el tema, impulsado por varios países europeos y otros tantos latinoamericanos: Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, entre otros. Sin embargo, el texto definitivo de la última convención mundial sobre drogas en Viena, hecha en marzo pasado, no incluyó la propuesta de la reducción de daños como otra estrategia para personas con consumo problemático. Y la Onudd tuvo mucho que ver.

El organismo es financiado principalmente por Estados Unidos y en 2004 Costa bajó la cabeza luego de reunirse con el subsecretario de estado norteamericano para narcóticos, Robert Charles. Pese al respaldo de la Onusida o la Organización Mundial para la Salud, el gobierno estadounidense amenazó con recortar los fondos a menos que la Onudd garantizara que se abstendría de apoyar iniciativas en favor de la reducción de daños. Entre otras cosas, esta óptica toma en cuenta la voluntad del usuario antes de imponerle un tratamiento y promueve hábitos más saludables a los usuarios de drogas.

En otro tramo del informe, Costa se sumó al slogan esgrimido por Aníbal Fernández a las fuerzas federales que tiene a cargo, eso de “no perseguir a los perejiles”. “En algunos países, por cada recluso encarcelado por tráfico de drogas hay cinco encarcelados por consumo de drogas, eso es un desperdicio de dinero para la policía –aseguró el diplomático– y también un desperdicio de las vidas de aquellos que acaban en la cárcel. Hay que ir por las pirañas, no por el pez pequeño.” Luego aclaró que legalizar las drogas “sería un error histórico” porque desencadenaría “una epidemia”.

“Cuando la Presidenta envío al ministro Fernández a Viena con una propuesta que mostró que no es incompatible el derecho a la salud con el derecho a la seguridad, nuestro país fue pionero a nivel internacional y logró que los demás tomaran el documento presentado como modelo”, recordó a Página/12 la titular del Comité Asesor para la Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico de Ministerio de Justicia nacional. “La política de guerra a las drogas ha generado a nivel mundial un crecimiento descomunal del crimen organizado, financiero, de tráfico de drogas, de armas, de personas, lavado de dinero sin parangón mientras se perseguía y victimizaba a jóvenes o los eslabones más débiles”, reflexionó la fiscal.

El Comité ad honorem, integrado por jueces, sanitaristas y sociólogos, impulsa una ley que no penaliza la tenencia para uso personal, otra que incluye un plan nacional de adicciones y un proyecto para facilitar las investigaciones en causas por lavado de dinero. El fallo de la Corte sobre la polémica figura que condena la tenencia de drogas para consumo personal, destacó Cuñarro, es necesario para obligar a debatir una nueva política de drogas en el Congreso Nacional. O “La adecuación legislativa que coloque a la Argentina en el mismo sitio que Chile o Uruguay”, en palabras de la fiscal.